El escándalo estalló como una bomba mediática cuando el informe del balance patrimonial de la Unidad de Inteligencia Financiera, correspondiente al año 2022, se filtró a los medios de comunicación. Este documento se encontraba dentro del expediente de lavado de activos del año 2019, y revelaba movimientos financieros sospechosos vinculados a la presidenta Dina Boluarte.
De esta manera, tras catorce horas de un tenso allanamiento a sus domicilios en Surquillo y Palacio de Gobierno, Dina Boluarte finalmente rompió su silencio ante las diversas denuncias que la señalaban. Entre estas, destacaba el manejo de sus cuentas personales y mancomunadas relacionadas con las finanzas del Club Departamental Apurímac, del cual fue presidenta entre los años 2017 y 2021.
En un mensaje a la nación, Boluarte se defendió con firmeza, denunciando que se intentaba difamarla con acusaciones falsas de lavado de dinero a través del club. Sin embargo, mientras ella enfrentaba la tormenta mediática, en el ambiente festivo del Club Apurímac, donde Boluarte había ejercido su liderazgo, la noticia pasaba prácticamente desapercibida entre los comensales.
El informe de la UIF alertó sobre movimientos sospechosos en las cuentas de Boluarte y su entonces tesorero, Néstor Amado Camargo, entre los años 2016 y 2022. Estos movimientos fueron interpretados como potenciales actividades de lavado de activos, lo que profundizó las acusaciones en su contra.
En ese sentido, Boluarte defendió su gestión al frente del Club Apurímac, asegurando transparencia y honestidad en sus acciones. Sin embargo, las investigaciones continuaban, y se revelaban vínculos entre otros directivos del club y contratos con el Estado durante su mandato político.
La historia del Club Apurímac y sus directivos cobraba protagonismo, destacando nombres como el de Néstor Amado Camargo y Octavio Mendoza Guerra, quienes defendían la legalidad de sus acciones financieras. No obstante, las sospechas de lavado de activos persistían.
La asociación de Boluarte con otros clubes departamentales y su participación en la política nacional también fueron objeto de escrutinio. Se revelaron conexiones con empresarios que habían obtenido contratos estatales y testimonios que cuestionaban la transparencia en la gestión de fondos durante su campaña política.
Las declaraciones de antiguos colaboradores como Richard Arce y Henry Shimabukuro arrojaron luz sobre la transformación de Boluarte desde sus inicios políticos hasta su ascenso a la presidencia, así como sobre sus vínculos con Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.
El pasado regresaba para atormentar a Boluarte, recordándole que su carrera política había comenzado mucho antes de su investidura como presidenta. La sombra de las acusaciones de lavado de activos y la sospecha sobre la gestión de fondos en el Club Apurímac y otros ámbitos la acosaban implacablemente.
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