El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó un escrito ante el Poder Judicial para pedir la anulación de la reciente venta de un departamento propiedad de Betssy Chávez. Esta acción tiene como objetivo asegurar el pago de la reparación civil en el proceso judicial en su contra por presunta rebelión.
El documento fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, el cual busca que se declare la nulidad de la transferencia del mencionado inmueble realizada por la excongresista de Perú Libre.
La solicitud ante el Poder Judicial se realizó luego de una consulta exhaustiva de los bienes de los investigados en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En el documento presentado, se refiere a una pretensión civil resarcitoria inicialmente solicitada por la Procuraduría General, por un monto de S/67 711 048.33 millones. Esta pretensión ha sido declarada fundada.
La transacción de compraventa tuvo lugar en mayo, y el 18 de ese mes se presentó la escritura ante los Registros Públicos de Tacna.
Según información proporcionada por la Procuraduría General , Chávez vendió un departamento en el distrito de Calana, Tacna, a la ciudadana Celestina Mamani Molinero. Esta transacción se llevó a cabo en mayo, la exministra de Castilla conocía de la investigación en su contra por su supuesta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Con esta solicitud de nulidad de la compraventa, la Procuraduría General del Estado busca evitar que Betssy Chávez se desprenda de sus activos y asegurar así que se cumpla con la reparación civil que pueda ser impuesta en caso de que sea encontrada culpable en el proceso judicial en su contra.
La Procuraduría General del Estado solicitó el embargo de los bienes del expresidente Pedro Castillo. Además el embargo de ocho propiedades inmuebles pertenecientes a Aníbal Torres.
En relación al exmandatario, se ha solicitado la incautación de sus bienes inmuebles, entre ellos tres predios rurales ubicados en Chota, Cajamarca, y una casa en el distrito de Tacabamba, en la misma región. Por otro lado, en el caso de Aníbal Torres, se ha solicitado el embargo de ocho propiedades inmuebles, incluyendo aquellas ubicadas en un edificio de la calle Los Eucaliptos en el distrito limeño de San Isidro, así como otras en el jr. Pando en el Cercado de Lima. Además, se ha solicitado el embargo de un vehículo jeep de color negro.
Estas solicitudes de medidas cautelares tienen como objetivo asegurar la reparación civil en el proceso en curso, y se espera que el Poder Judicial se pronuncie al respecto. Con estas acciones, la Procuraduría General busca garantizar el resarcimiento correspondiente y proteger los intereses del Estado en este caso.
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