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En 2017, el periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio solicitó asilo político en Perú. En aquella ocasión llegó las oficinas de la Cancillería peruana acompañado del abogado Roberto Pereira.

El asilo político que solicitó Villavicencio venía respaldado por su temor a ser injustamente encarcelado y que le pasara algo a su familia, luego de denunciar en una publicación el presunto negocio ilegal millonario de petróleo durante el gobierno del expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Según el propio Villavicencio, ya contaba con múltiples amenazas y afrontaba seis años de persecuciones judiciales por «exponer el atraco más grande a los fondos públicos en el sector petrolero en la historia de Ecuador tenía un alto precio«, según él lo señalaba.

Latina Noticias conversó en exclusiva con Roberto Pereira para conocer más detalles sobre Fernando Villavicencio y sus convicciones, así como de la estrecha relación que mantenían. Conoce más en la siguiente entrevista:

¿Cómo conoció a Fernando Villavicencio?

Lo conocí en abril de 2017, cuando se exilió en Perú y apoyamos con IPYS su solicitud de asilo político, ante la persecución de la que era víctima por el régimen del entonces presidente Correa. En ese momento tenía en su contra una orden de prisión preventiva dispuesta por un sistema de justicia que no brindaba garantías de independencia respecto de poder político. Villavicencio había denunciado corrupción del régimen de Correa en las negociaciones de contratos petroleros, como en la repotenciación de la Refinaría de Esmeraldas. Sobre esos casos publicó, entre otros trabajos, “Ecuador: Made in China” y “El Feriado Petrolero”.

¿Cuáles fueron las razones que justificaban el asilo político que solicitaba Fernando Villavicencio? ¿Fue atendido por las autoridades de aquel momento?

La solicitud de asilo se sustentaba básicamente en un conjunto importante de evidencias que daban cuenta de la utilización política de la justicia por el régimen de Correa, en varios procesos judiciales en contra de Villavicencio. Correa promovió que lo declararan judicialmente insolvente luego de un proceso por difamación. El Gobierno lo acusó de tener información confidencial y ser un hacker luego de que publicó “El expediente Chevron” y promovió que allanaran su casa. Sin embargo, a los pocos días el propio Gobierno reconoció que esas acusaciones eran falsas. El entonces presidente Correa no solo usaba los medios de comunicación para atacar su imagen, sino que demandaba públicamente acciones judiciales contra Villavicencio, lo que efectivamente ocurría.

El asilo fue presentado el 18 de abril de 2017 e inmediatamente se activó un régimen legal provisorio de cierta protección hasta que se adoptara la decisión final. La Cancillería peruana le concedió audiencia y tuvo un comportamiento impecable mientras se decidía su caso. Sin embargo, antes que eso ocurriera, aproximadamente en septiembre de 2017, Villavicencio decidió abandonar el Perú y retornar a Ecuador debido al cambio del régimen político. Ya había asumido la presidencia del vecino país, el señor Lenin Moreno, que se apartó del ‘correísmo’.

Villavicencio, en su rol de periodista, recibía constantes amenazas y querellas por sus investigaciones. ¿Cómo se debe tomar lo sucedido respecto al ejercicio de la prensa en nuestro país?

En primer lugar, debemos lamentar y sobre todo rechazar enfáticamente estos hechos inaceptables. Creo que responden a una peligrosa alianza o por lo menos confluencia de intereses ilícitos entre la corrupción política y el crimen organizado. Lamentablemente, es un fenómeno que está afectando con más o menos énfasis o intensidad a varios países de la región. Lo estamos viviendo en Perú, por ejemplo, donde es evidente que desde el Congreso las distintas representaciones políticas favorecen actividades ilícitas y aprueban normas para evitar que la justicia persiga y sancione la corrupción. Además de exigir que no quede impune, el asesinato de Villavicencio debe ponernos en alerta máxima sobre los riesgos que se ciernen sobre la propia democracia en nuestros países por parte de estos dos perversos aliados.

FERNANDO VILLAVICENCIO NO USABA CHALECO ANTIBALA PESE A LAS ADVERTENCIAS

El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado luego de celebrar un mitin al norte de Quito. El último 5 de agosto, el político estuvo en Chone, en donde pronunció un efusivo mensaje respondiendo a las amenazas en su contra.

Frente a cientos de sus adeptos en un evento llevado a cabo en la ciudad de la provincia de Manabí, se dirigió a la candidata Luisa González, quien encabeza las preferencias electorales y forma parte del partido Revolución Ciudadana, vinculado al expresidente Rafael Correa.

«Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo chonero en mi corazón. ¡Viva Chone, c****! (…) Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas», expresó Villavicencio a sus adeptos.

Posteriormente, Villavicencio se dirigió a las organizaciones criminales que lo habían amenazado de muerte, hecho por el cual su entorno le solicitó utilizar un chaleco antibalas para proteger su integridad, pero este se negó.

«Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy, dijeron que me iban a quebrar, aquí estoy. Que vengan los capos del narco, los sicarios, que vengan los vacunadores, se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo. ¿Qué, me van a quebrar? Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme«, enunció.

¿QUIÉN FUE FERNANDO VILLAVICENCIO?

Fernando Villavicencio, político de 59 años, era el candidato del Movimiento Construye, de postura centro derechista. A menos de dos semanas de llevarse a cabo los comicios, se posicionaba como el segundo favorito en las encuestas.

Antes de incursionar en política, Villavicencio fue un renombrado periodista, pasando por el diario El Universo, desde donde realizó denuncias por corrupción contra los políticos, empezando por el expresidente Gustavo Noboa.

Tras la crisis política de 2010, Villavicencio acusó al entonces mandatario Rafael Correa de ordenar una incursión armada en el Hospital de la Policía. Correa lo denunció y el periodista, junto con sus colegas Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, fueron condenados a 18 meses de prisión.

Villavicencio acudió a instancias internacionales para revertir la sentencia, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero al regresar a su país ya tenía orden de captura, por lo que estuvo prófugo de la justicia hasta 2015, año en que prescribió la condena.