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El pasado 2 de septiembre, un joven estudiante de enfermería fue baleado por delincuentes, en represalia por resistirse a ser asaltado en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El joven, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital Negreiros, de EsSalud, donde hasta ahora permanece internado.

En Punto Final, su madre, Maribel Vergaray, hizo un reclamo de justicia a las autoridades no solo por su hijo, sino por todas las familias que han sido afectadas por la creciente ola de criminalidad en el país.

«Yo pediría una vez más que no todo se quede en palabras, que haya hechos, que se haga justicia y no solamente por mi hijo, que fue mediático el caso, ¿cuántas madres están llorando por sus hijos y por miedo no salen a denunciar?«.

«¡Ya basta! Si fuera el hijo de un alcalde, el hijo de un congresista o la hija de la presidenta, ahí sí hay justicia, pero como nosotros somos pobres, no tenemos dinero para poder contratar a una seguridad, a nosotros sí nos hacen daño y no hay justicia. Todos nos deberíamos unir para buscar justicia para nuestros hijos y familia, porque no podemos salir de nuestras casas sin pensar que algo malo nos puede pasar en la esquina», dijo.

Ángel Torres Vergaray, el hijo de Maribel, tiene 22 años y se encontraba cursando el cuarto ciclo de la carrera de Enfermería. Al oponerse al robo y forcejear con los ladrones, estos le dispararon hasta dos veces.

«La primera bala que le entró en el abdomen le destrozó los intestinos, dañó el hígado, el páncreas, el bazo, los riñones», contó la madre del joven.

Además, explicó que su hijo, tras pasar 16 días entubado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ahora se encuentra en Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM), en la cual permanece en reposo con un pronóstico reservado.

MARTÍN VALERIANO: «HOY TENEMOS 14 ATENTADOS, 4 MUERTOS Y TODOS AMENAZADOS»

Este jueves 26 de septiembre, diversas empresas de transporte acataron un paro para pedir apoyo al Gobierno, debido a las constantes extorsiones y amenazas que viven todos los días los trabajadores del sector.

«En el sector transporte (las extorsiones) nos ha tocado la puerta hace 6 o 7 años y ha venido incrementándose progresivamente después de la pandemia. Hoy tenemos 14 atentados, 4 muertos y ya todos amenazados y temerosos. Hay algunos que denuncian, pero ninguna de ellas ha sido resuelta. SNI tiene que dar con el paradero de los extorsionistas«, dijo Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), en Punto Final.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lanzó un comunicado el mismo 26 de septiembre informando que el Gobierno ha llegado a una serie de acuerdos con los gremios de transporte público tras el paro que acataron este jueves 26 de septiembre.

Uno de los puntos principales fue el remitir al Congreso de la República un proyecto de ley agravando las penas por los delitos de sicariato y extorsión hasta con cadena perpetua, así como tipificación del delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.

Asimismo, exigen al Parlamento derogar la última modificación de la ley sobre el crimen organizado (Ley N.º 32108), al considerar que la norma aprobada redujo la lucha contra la extorsión.

«La Ley 32108 facilita al delincuente los procesos. Anteriormente la Policía podía incautar, ahora tiene que venir un abogado y esperar y hasta ahí se borran las pruebas. Tiene que ser derogada», dijo Valeriano.

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