Universidad Agraria alerta por Ley Forestal que amenaza la Amazonía Peruana

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Agraria La Molina, rechazó las modificaciones a la Ley Forestal sufridas el pasado 14 de diciembre, tras aprobarse con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones la moción en el Parlamento.

En el comunicado, la UNALM, además de mostrarme totalmente en contra de las modificaciones a la denominada Ley Forestal, insta con urgencia al Congreso de la República a derogar la Ley 31973. Señalando 4 consideraciones importantes.

La UNALM menciona una profunda inquietud ante las disposiciones complementarias transitorias de la norma modificada, las cuales flexibilizan y debilitan la obligatoriedad en la conclusión del proceso de ordenamiento y zonificación forestal. El cual resulta esencial para la obtención de títulos habilitantes distintos las concesiones forestales maderables. La institución destaca que estas nuevas disposiciones carecen de garantías para un control efectivo en la asignación de, por ejemplo, cesiones en uso para sistemas agroforestales, lo que podría dar lugar a una «microtitulación» de tierras con cobertura boscosa y contribuir a la degradación de los bosques bajo diversas presiones sociales y políticas.

Además, la Facultad considera una seria omisión en la normativa la falta de especificaciones claras sobre el redimensionamiento de títulos habilitantes previamente otorgados, especialmente en el caso de comunidades campesinas y nativas, reservas territoriales, pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial que inicien procesos para su reconocimiento futuro.

En relación con las modificaciones en los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Facultad expresa su preocupación, ya que esto debilita el papel del Ministerio del Ambiente como la autoridad técnica competente responsable del proceso de zonificación ecológica económica a nivel nacional.

Finalmente, se rechaza lo estipulado en la disposición complementaria final única debido a la ausencia estatal en las regiones más remotas del país. Esto genera inquietud sobre la supervisión inadecuada de la verdadera situación en el uso y capacidad de las tierras amazónicas. Existe un alto riesgo de que tierras con aptitud forestal y/o bajo protección estatal puedan ser fraudulentamente reclamadas como tierras agropecuarias, lo que podría resultar en la legalización de la posesión de tierras forestales y/o de protección previamente deforestadas de manera ilegal, afectando negativamente los ecosistemas tropicales.