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LIMA, 26 jun (Reuters) – La superficie cultivada de hoja de coca en Perú creció un 18% en 2022 frente al año anterior a una nueva cifra récord, con mayor relevancia en tierras protegidas o en zonas de pueblos indígenas de la Amazonía cercanas a Brasil y Colombia, dijo el lunes el jefe antidrogas del país andino.

El sembrío de esta materia prima, base para la elaboración de la cocaína, ascendió a 95.008 hectáreas el año pasado, afirmó Carlos Figueroa, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la mayor cifra en al menos las últimas dos décadas según analistas.

El cultivo de la hoja de coca es legal en Perú para su uso tradicional y se mastica para obtener energía o se consume con un té para evitar efectos de la altura. Sin embargo, se calcula que el 90% de la cosecha termina en manos del narcotráfico, según analistas.

El crecimiento de la superficie cultivada de hoja de coca en Perú viene aumentando consecutivamente desde el 2015. Solo en dos años creció casi un 50%, al sumar 80.681 hectáreas en el 2021 desde las 61.77 hectáreas en el 2020, según el organismo.

Figueroa dijo que las variaciones más significativas se dieron en las regiones amazónicas de Ucayali y Loreto, donde el cultivo de hoja de coca aumentó un 43% y 34%, respectivamente.

Un dato alarmante es el volumen de cultivos ilícitos en territorios de pueblos nativos que ascendió a 18.674 hectáreas en 2022, casi el doble frente a la cifra de hace dos años.

«Ahora el daño es adicionalmente más potente, porque incluye delitos ambientales en bosques, en áreas protegidas, en zonas forestales, y también con mayor incidencia en pueblos indígenas u originarios», dijo en conferencia con la prensa extranjera.

«Sobre todo en las fronteras con Colombia y Brasil, donde hay una penetración del narcotráfico internacional», agregó.

Perú y Colombia son los mayores productoras de hoja de coca y también de cocaína en el mundo, según datos de la ONU. Con los actuales niveles de hoja de coca se estima una producción de 870 toneladas de cocaína en el 2022, según el jefe de DEVIDA.

MERCADOS

Los narcotraficantes en la frontera están «vinculados o asociados» a disidentes del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Comando Vermelho, visto como la mayor organización criminal de Brasil, dijo Figueroa.

El funcionario dijo que son miles de kilómetros de frontera de difícil acceso que han servido para el crecimiento del cultivo de coca. Además «el tema del COVID volteó la cara de la seguridad a otros aspectos y el narcotráfico ha tenido una libertad para poder desarrollar acciones en estos territorios».

Figueroa dijo que el precio de la cocaína se ha mantenido estable debido a que parte de la droga en el mercado estuvo almacenada por el coronavirus; en medio de un aumento de la demanda de drogas sintéticas, según analisis preliminares.

El jefe de DEVIDA manifestó que la zona denominada el Vraem, ubicada en el centro andino y selvático del país y del tamaño de Puerto Rico, sigue siendo la mayor región de siembra de coca y producción de cocaína en la nación andina con 35.709 hectáreas. En la zona operan narcotraficantes en alianza con remanentes del grupo rebelde Sendero Luminoso, según la policía.

Figueroa dijo que en las zonas remotas del país se ha registrado un aumento de pistas clandestinas de aterrizaje de avionetas del narcotráfico, pese al esfuerzo de la policía. «El puente aéreo esta siendo una salida importante y fácil para esa zonas, que tenemos que atacar con mayor incidencia», dijo.

En otra conferencia, la coordinadora del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de la oficina de control de drogas de Naciones Unidas, Luisa Sterponi, dijo que la cocaína peruana se transporta en su mayoría a Bolivia y Brasil como países de tránsito, para terminar en Europa y Oceanía.

Figueroa por su parte afirmó que Perú aún mantiene conversaciones con Estados Unidos para firmar un convenio que permita a las fuerzas de seguridad recibir apoyo para la interceptación «no letal» de avionetas de narcotraficantes.

Washington suspendió hace dos décadas su apoyo para la intercepción de avionetas después de que la Fuerza Aérea peruana derribó una nave al confundirla con una de narcotraficantes, lo que provocó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.