minería ilegal
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) levanta nuevamente su voz contra la creciente ola de violencia perpetrada por grupos vinculados a la minería ilegal en Perú.
A través de un comunicado oficial, el gremio expresó su rechazo contundente a estas acciones criminales que buscan desplazar a actividades productivas formales y ponen en riesgo la reactivación económica del país.
El último miércoles, la localidad de Zancobamba, en La Libertad, fue testigo de un acto de extrema violencia con la detonación de la Torre 55, parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Este ataque dejó sin energía a las mineras Marañón y Santa María, propiedad de la empresa Poderosa, evidenciando una escalada preocupante de los ataques contra la infraestructura vital para el desarrollo económico.
«Estos actos criminales en escalada a manos de los mineros ilegales buscan desestabilizar la economía formal en el país», advirtió la SNMPE, sugiriendo al Estado peruano a tomar medidas urgentes para detener el avance descontrolado de la minería ilegal. La sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, demanda la implementación de mecanismos rigurosos para el control en la adquisición, venta, transporte y uso de explosivos e insumos químicos, así como el fortalecimiento de la fiscalización a las plantas de beneficio.
Según la SNMPE, las empresas mineras formales cumplen estrictos protocolos para operar, incluida la adquisición segura de explosivos, mientras que las bandas criminales que operan en la minería ilegal obtienen y comercializan explosivos ilegalmente, generando un clima de terror en las zonas afectadas.
El gremio también hizo un llamado a establecer protocolos de trazabilidad confiable para las plantas de procesamiento de minerales, garantizando que el oro producido tenga un origen lícito. «Deberíamos convertirnos en un país pionero en la compra y venta de oro responsable, que no alimente esta cadena perversa», se señala en el mismo comunicado.
Finalmente, la SNMPE instó a las autoridades del Ejecutivo a liderar un trabajo conjunto con los sectores público y privado, la sociedad civil y otros actores para combatir este flagelo y hacer valer el principio de autoridad sobre las acciones de terror perpetradas por la minería ilegal en Perú.
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