'Cuchillo' es investigado por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado, organización criminal y lavado de activos, en el marco de las pesquisas que buscan esclarecer el asesinato múltiple en Pataz.
El Juzgado Mixto de Investigación Preparatoria de Parcoy, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido con el alias de ‘Cuchillo’, por su presunta participación en uno de los crímenes más atroces registrados en el país en los últimos años: el secuestro y asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad.
De acuerdo con el Poder Judicial, Rodríguez Díaz es investigado por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado, organización criminal y lavado de activos, en el marco de las pesquisas que buscan esclarecer el asesinato múltiple ocurrido el pasado 4 de mayo.
#LoÚltimo. Poder Judicial, a través de la Corte de La Libertad dicta 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, por los presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado, organización criminal y lavado de activos. (1/2) pic.twitter.com/Yoq2g1Gjfc
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 22, 2025
Alias ‘Cuchillo’ fue capturado el 15 de mayo en Colombia, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades colombianas, tras haber salido del país. Se le sindica como uno de los principales planificadores y ejecutores del múltiple asesinato ocurrido en la localidad de Pataz, donde las víctimas trabajaban como agentes de seguridad en bocaminas y galerías mineras.
Según las investigaciones, los 13 mineros fueron secuestrados el 26 de abril durante un ataque armado contra las operaciones de un minero artesanal en proceso de formalización, que mantenía un contrato de explotación con la empresa Minera Poderosa. Días después, sus cuerpos fueron hallados por un equipo de rescate de la Policía Nacional.
Este crimen, atribuido a delincuentes vinculados a la minería ilegal, generó una inmediata reacción del Gobierno, que dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas en la zona. Se movilizaron más de mil efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y frenar el avance de organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal en la región.
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