Tras el reportaje emitido por Punto Final, el Ministerio Público investiga a los involucrados por los presuntos delitos de peculado doloso y culposo.
El reportaje difundido por Punto Final, en el cual se revelan las pésimas condiciones en las que los cadetes de la Policía Nacional son instruidos, además de aún no recibir sus uniformes, pese a que sus padres pagaron al Estado más de 14 mil soles por los atuendos, continúa generando repercusiones.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público, señaló que la Fiscalía Anticorrupción inició investigación contra los que resulten responsables de los presuntos delitos de peculado doloso y culposo, así como también malversación de fondos.
Fiscalía Anticorrupción abrió investigación contra los que resulten responsables de los presuntos delitos de peculado doloso y culposo, así como malversación de fondos, ante supuestas irregularidades administrativas en las escuelas de oficiales y suboficiales de la PNP, en Lima. pic.twitter.com/qF1FtNaAtV
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2023
La semana pasada, la Fiscalía de Prevención del Delito (FISPREV) de Lima Noroeste llegó el centro de preparación policial para efectuar diligencias. En el operativo, liderado por el fiscal provincial Leoncio Aragón Castañeda, se verificó las áreas de servicios higiénicos y cocina, donde se constató el estado de las instalaciones, equipamiento, calidad de limpieza y forma de preparación de los alimentos.
Esta diligencia se realizó también para prevenir el delito de producción o comercialización de alimentos en mal estado. Así como evitar, que los aspirantes a suboficiales de la PNP tengan las condiciones adecuadas para desarrollar sus estudios.
Además, verificó «el inicio del refaccionamiento de los servicios higiénicos», tenían inodoros averiados, fugas de agua y lavatorios rotos.
Finalmente, el titular del despacho exhortó a las autoridades de dicha escuela y recomendó a los especialistas de la Dirección de Salud Lima Norte y personal de la municipalidad de Puente Piedra a cumplir con sus funciones para así evitar poner en riesgo la integridad de los futuros policías.
Días atrás, otras entidades del Estado también reaccionaron ante el reportaje del programa dominical de Latina. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, solicitó el último jueves a la Policía Nacional del Perú un informe sobre las acciones tomadas ante los problemas de logística e infraestructura de sus escuelas técnicas superiores de Puente Piedra y Huancayo.
Esto fue solicitado mediante oficio al comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada. En el documento también se pide rendir cuentas ante el retraso de entrega de uniformes policiales, así como la precisión del contrato de compra directa de vestuarios y mobiliarios.
Por otro lado, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, anunció esta semana que pedirá el incremento de presupuesto para las escuelas de la PNP. Durante una visita a la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra, afirmó que se reunirá con el ministro del Interior, Vicente Romero y el comandante general Angulo.
El presidente del Congreso fue recibido por los principales coroneles de las escuelas de oficiales y suboficiales, coronel PNP Ulises Benel Galarreta, Herbert Troya Acha y Carlo Mori Rimachi, entre otros más. Además, recorrió las instalaciones de la sede en mención, donde constató la situación precaria en la que estudian los aspirantes a policías.
Las imágenes que transmitió Punto Final en la edición del 24 de septiembre mostró la situación de abandono en que se encuentran las instalaciones de al menos dos escuelas de suboficiales de la PNP. En la de Puente Piedra, se pudo ver que no solo los servicios higiénicos sufrían el olvido, sino también la piscina, llena de polvo y vacía. Mientras, en la de Huancayo, el desagüe había colapsado y las aguas servidas llegaban hasta los jardines y pabellones.
Asimismo, el dominical mostró la larga espera de la entrega de uniformes que padecen los estudiantes de estos centros de preparación policial. Una demora, producida por los cambios normativos entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha llevado a cientos de padres de familia a efectuar un doble gasto en la compra de trajes.
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