Para limpiar imagen de Morgan Quero: IPD gastó S/55 mil en video institucional que nunca se publicó

Tras unas polémicas declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, en las que sugirió que los casos de violación a menores en la comunidad Awajún podrían estar relacionados con «prácticas culturales», el Instituto Peruano del Deporte (IPD) intentó controlar el daño enviando una delegación a la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

Poco después del incidente mediático, se organizó una serie de actividades deportivas en la zona, lideradas por el recientemente nombrado presidente del IPD, Federico Tong. La visita no estaba programada oficialmente y, según diversas fuentes, tuvo como propósito mejorar la imagen del ministro, duramente criticado por minimizar los abusos sexuales cometidos por profesores en comunidades indígenas.

Como parte de esta intervención, se grabó un video institucional mostrando diversas actividades, pero el material nunca fue difundido. Este hecho genera sospechas sobre la verdadera intención del viaje y los recursos invertidos en el. Se cuestiona, además, por qué se priorizó esta zona en particular, mientras que otras comunidades marginadas del país no reciben atención estatal ni siquiera para actividades deportivas básicas.

IPD EDITÓ UN VIDEO MOSTRANDO UN SUPUESTO INTERÉS POR COMUNIDADES

Se reveló que el alcalde del distrito de Río Santiago, Segundo Flores Nahuarosa, fue contactado directamente desde Lima para enviar una carta solicitando la realización de los juegos, lo que habría servido para dar apariencia de que la actividad respondía a un pedido local. Sin embargo, esa solicitud surgió dos semanas después de las declaraciones del ministro, y la versión final del video menciona incorrectamente otra localidad como escenario de los eventos.

El gasto de esta intervención ha sido motivo de controversia, dado que no estaba contemplado en el plan anual del IPD. Los fondos fueron usados para transporte por aire, tierra y río, viáticos, alimentación y material deportivo. Esto ha generado críticas sobre el uso ineficiente de recursos públicos, especialmente considerando que la mayoría de la infraestructura deportiva a cargo del IPD en el país se encuentra en malas condiciones y sin certificados vigentes de seguridad.

Punto Final solicitó una entrevista con Federico Tong, el presidente del IPC; sin embargo, no hubo resultados, pero el departamento deportivo envió una «justificación» por escrito. El supuesto objetivo del video institucional fue «fortalecer y promocionar las prácticas deportivas y autóctonas de las comunidades campesinas y nativas mediante la actividad física y la recreación, respetando sus expresiones culturales». Además, detallaron que por dicho proyecto audiovisual se gastaron S/55 mil, y no fue publicada porque resultaba muy obvio y burdo el objetivo real.

Mientras el ministro Quero ha continuado protagonizando otros momentos polémicos, el presidente del IPD aún debe responder por esta intervención, vista por muchos como una estrategia improvisada para desviar la atención del escándalo en lugar de atender de fondo la grave problemática de abusos sexuales en zonas olvidadas del país.

LAS DECLARACIONES DE QUERO SOBRE LAS VIOLACIONES EN LA COMUNIDAD AWAJÚN

A comienzos de junio de 2024, diversos medios informaron que en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, se habían registrado más de 500 casos de abuso sexual cometidos por docentes contra estudiantes. En ese contexto, el entonces ministro de Educación, Morgan Quero, generó una ola de rechazo al referirse a estos hechos como una supuesta “práctica cultural” dentro de las comunidades amazónicas. Incluso insinuó que tales actos se realizaban como una forma de establecer vínculos familiares con adolescentes.

Estas afirmaciones provocaron duras críticas por parte de organizaciones indígenas y de derechos humanos, entre ellas Aidesep, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis y Onamiap. Todas coincidieron en que ese tipo de discursos refuerzan estereotipos nocivos, cosifican a las niñas indígenas y socavan la defensa de sus derechos fundamentales.

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