El prostíbulo ‘Las Cucardas' está cerrado desde hace casi un mes. Era un espacio seguro para 150 trabajadoras sexuales.
Un problema que aún no es atendido por las autoridades es la formalización de las trabajadoras sexuales. Más del 98% de ellas son madres solteras y cabezas de hogar. El año pasado han muerto 73 de ellas, pero hasta ahora viven en peligro, a merced de las mafias, pues no existe una ley que las proteja.
El prostíbulo ‘Las Cucardas’, ubicado en el cruce de las cuadras 9 y 10 de la avenida Argentina, permanece cerrado desde hace casi un mes, cuando fue clausurado por la Municipalidad de Lima. Este era un espacio seguro para 150 trabajadoras sexuales, las cuales ahora viven situaciones precarias, pues laboran amenazadas por mafias. Salir a trabajar a la calle, para ellas, es jugar con sus vidas.
«Con mi ingreso yo puedo mantener a mis hijas, porque con un trabajo X no me sale para mantener a mis hijas y a mis padres. Soy la única que lleva el dinero a casa porque soy madre soltera. Ahora tienes que trabajar prácticamente para pagarles un cupo a ellos, así te haya ido bien o te haya ido mal, necesariamente tienes que pagarles», dijo Lucero, una de las trabajadoras sexuales que laboraba en Las Cucardas.
Desde el 2004, Ángela Villón, defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales, promueve los derechos de sus compañeras, por ejemplo, el reconocimiento como trabajo, a través del proyecto de ley que legaliza el trabajo sexual, que hasta ahora sigue sin ser discutido en el Congreso. En tanto, en el Ministerio de la Mujer ha tenido más de 10 reuniones sin llegar a acuerdos efectivos. Mientras tanto, las trabajadoras sexuales parecen silenciarse con balas.
De acuerdo a cifras de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad, en lo que va del año, 24 trabajadoras sexuales han sido asesinadas. El año pasado, hubo 73 trabajadoras sexuales asesinadas, y 71 el 2022, es decir, por semana se reportaba como mínimo la muerte de una de estas mujeres.
Para la socióloga Sharon Gorestein, el concepto de Zona Rosa debe incluir un espacio seguro, trabajo sexual reglamentado, lineamientos claros para esta población ante situaciones de violencia y respeto por la decisión de ejercer el trabajo sexual. Este panorama se vive en varios países de Latinoamérica.
“Podemos hablar de Brasil, Argentina. Tenemos diversos países en Latinoamérica que aceptan el trabajo sexual como trabajo, por lo tanto, existen derechos y deberes hacia estas mujeres. La problemática principal en este país es que se deja de lado esa regularización, lo que se traduce en atentados violentos hacia ellas”, remarcó la especialista.
Cabe recordar que, en el 2011, la exalcaldesa Susana Villarán anunció la creación de las denominadas ‘Zonas Rosas’, espacios donde se ejercería el trabajo sexual formal y seguro. Sin embargo, todo quedó en palabras, ante la negativa de las autoridades.
Ahora, de manera informal, en Lima existe más de una zona rosa, en distritos como Lince, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Los Olivos, Cercado de Lima, San Martín de Porres y hasta Miraflores. En cada uno hay puntos en los que decenas de mujeres salen a ejercer el trabajo sexual y quedan expuestas y doblegadas ante las mafias.
Se estima que en Lima hay más de 150 mil trabajadoras sexuales y menos de 20 prostíbulos y night clubs seguros, donde las mujeres pasan evaluaciones de salud mensuales y donde el riesgo de ser asesinadas se reduce. Además, las regiones con mayor presencia de trabajo sexual (y a su vez de mafias) son Lima, Lambayeque, Puno, Loreto y Madre de Dios.
“Son lugares donde se pueden trabajar con salud, seguridad y dignidad. Rafael López Aliaga nos cerró uno de los pocos lugares de trabajo sexual seguros que teníamos y 150 mujeres han quedado a merced de la mafia, de las cuales hay 2 heridas y una está muy grave, pero a nadie le importa”, asevera Ángela Villón.
Ella estima que en el Perú hay alrededor de 50 mafias que delinquen de diversas maneras amedrentando a las trabajadoras sexuales.
Para Gorenstein, el reconocimiento de este trabajo, pondría en evidencia a las mafias. «Algo importante que podría suceder es que, al tener la normativa, quede mucho más clara la línea que separa la explotación sexual y el trabajo sexual. Sería mucho más sencillo visibilizar la violencia que ejercen las mafias. Las mujeres que ejercen el trabajo sexual son libres de hacerlo cuando ellas gusten”, enfatiza.
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