Punto Final volvió a las pantallas de Latina Televisión este domingo 14 de enero.
Punto Final volvió sus pantallas este domingo 14 de enero vía Latina Televisión y lo hizo con un programa lleno de reportajes que marcan la pauta periodística de la semana. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire en nuestro dominical.
El gobierno ecuatoriano de sucesión ha declarado la guerra a 22 organizaciones criminales, en un intento de acabar con la violencia y el terror que se vive en el país. El presidente Daniel Noboa ha dejado en claro que no negocia con delincuentes terroristas y que está dispuesto a usar la fuerza para restablecer el orden.
En este contexto, María Horna, Juan Carlos Amoretti y John Seclen llegaron a Guayaquil para cubrir la situación. Acompañaron a los militares a patrullar las peligrosas calles de los suburbios de la ciudad, donde se concentran las principales bandas criminales. Además, conversaron con las víctimas de la toma del canal de televisión TC y entrevistaron al director de la Policía ecuatoriana, quien confirmó que el armamento hallado en manos de los delincuentes es de procedencia peruana.
El primer programa en denunciar el tráfico de armas hacia el Ecuador fue Punto Final. Hoy, documentos de inteligencia ecuatoriana muestran cómo la gran mayoría de material bélico procede de nuestro país debido a la sustracción de los almacenes de FF.AA. y la PNP.
El ministro de Defensa señala que hace seis meses se iniciaron acciones para mejorar la seguridad en los polvorines, pero un documento reservado de marzo del 2022 revela que estas medidas ya eran solicitadas desde entonces porque se evidenciaron vulnerabilidades en los almacenes.
Este 19 vence el plazo de la declaratoria de emergencia en los distritos de San Martín de Porres y de San Juan de Lurigancho. Según los alcaldes, funcionó los primeros días porque se veía presencia de policías en sus calles, pero desaparecieron con el paso del tiempo y por la falta de estrategia.
No obstante, los burgomaestres tampoco han ejecutado el total de presupuesto asignado para seguridad ciudadana.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción allanaron una casa en Rinconada de Lago, en La Molina buscando incautar los bienes de Miguel Ángel Ugaz Díaz, un extrabajador del Banco de la Nación investigado por presuntamente liderar una organización criminal, que se apropió y cobró 14 cheques de los depósitos judiciales por un monto total de 15 millones de soles.
Empero, la casa no estaba a su nombre, sino de una inmobiliaria que tiene como gerente general a Frank Ugarte Nina, cuyo hermano Edwin es personero del partido político de Nicanor Boluarte. A la Fiscalía le llamó la atención que Ugarte Nina haya comprado el lujoso inmueble por 50 mil dólares y la promesa de pagar a futuro el saldo de 450 mil dólares. Según la tesis policial, Ugarte Nina sería testaferro del exempleado que habría desfalcado al Banco de la Nación.
Jonathan Ríos Morales fue designado como director ejecutivo del Programa nacional de saneamiento urbano del ministerio de Vivienda, el año pasado. Sin embargo, su designación fue observada por Contraloría porque no cumplía con los requisitos para ocupar dicho cargo. Salió del ministerio el 5 de enero, pero al día siguiente, el sábado 6, el ministerio publicó una resolución cambiando las características para ocupar ese puesto y ajustarlo al perfil de Ríos Morales.
Con la modificación, Jonathan Ríos regresó a su puesto el jueves 11 de enero. Antes de la publicación de su designación, él ya había viajado a Piura para participar en reuniones de trabajo como jefe de saneamiento urbano del ministerio de Vivienda. Dice que lo hizo con sus millas.
La Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos le abrió una investigación preliminar a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de siete delitos entre los que figuran organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo y pasivo por dos casos: la inhabilitación a Zoraida Ávalos (que compromete a varios congresistas de distintas bancadas a quienes les ofreció archivar investigaciones fiscales que tenían en curso) y la contratación de la nuera del congresista José María Balcázar.
El punto de partida: las conversaciones por WhatsApp entre su otrora mano derecha, Jaime Villanueva, y una congresista que habría actuado como agente encubierto del equipo especial de fiscales que investigan la corrupción en el poder.
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