Retrasos en la justicia y limitaciones en la ley que sanciona el acoso escolar

Más de 10 escolares están involucrados en la manipulación de fotografías de estudiantes, y las madres de las víctimas denuncian la falta de apoyo de las autoridades. En esta nota presentamos las perspectivas legales sobre las limitaciones legales para expulsar a los agresores de la escuela y las sanciones que podrían enfrentar los alumnos denunciados.

Romy Chang, especialista en derecho penal, destaca que en el delito de pornografía infantil, los adolescentes entre 14 y 18 años se consideran menores infractores. Esto significa que no pueden ser procesados penalmente y las sanciones no son castigos, sino medidas socioeducativas. La prioridad es educar a estos jóvenes en lugar de castigarlos.

Limitaciones de la Ley que sanciona el acoso escolar

Brenda Salazar, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad, explicó las limitaciones de la Ley 29 719, puesto que esta ley no establece la expulsión como sanción para los infractores, pero enfatiza que las medidas deben ser proporcionales y formativas, evitando interferir en la formación de los estudiantes. Salazar también menciona que, en casos de violencia contra las mujeres, los estudiantes infractores pueden ser separados de las víctimas de acuerdo con la Ley de Violencia contra las Mujeres.

En el caso de colegios privados, las sanciones y procedimientos están determinados por el reglamento interno de cada institución, pero también deben seguir criterios generales de proporcionalidad y reparación.

Salazar enfatiza que la ley «antibullying» presenta limitaciones, ya que no establece procedimientos claros para investigar estos casos ni parámetros definidos para imponer sanciones. Esta falta de claridad puede llevar a la discrecionalidad en la aplicación de la ley, lo que podría ser perjudicial.

Por otro lado, Fernando Silva, abogado penalista, destaca que la Ley Nº29719 permite a las instituciones educativas imponer sanciones internas a los agresores, incluyendo medidas como el diálogo, estímulos y consejería. Sin embargo, la expulsión no es una opción. Silva subraya la necesidad de desarrollar una técnica de legislación más efectiva para abordar este tipo de casos y sancionar a las entidades educativas:

“Respecto estrictamente a lo establecido en la Ley Nº29719, los artículos 11 y 12, interpretados sistemática y teleológicamente, establecen que el centro educativo puede imponer sanciones internas a los agresores denunciados y también se establece la obligatoriedad de contar con un registro de denuncias por violencia y/o acoso, así como el registro de las sanciones que se impusieron en cada caso concreto, lo que forma un historial de comportamiento en contra de los alumnos con conductas violentas. Pero efectivamente no es posible expulsar al alumno como sanción», indicó.

Sobre el delito de pornografía infantil. Si bien como menores se les considera infractores, ¿habría alguna medida correctiva?

En cuanto al caso de pornografía infantil, Silva subrayó que los menores infractores no son imputables desde el derecho penal y que las sanciones están dirigidas a evitar la reincidencia y a educar o reeducar a los jóvenes. Estas medidas incluyen atención médica y psicológica.

Brenda Salazar agregó que las sancionas, por ejemplo, deben ser medidas socioeducativas, trabajos comunitarios e incluso la reclusión. Además, deben ser sometidos a investigación.

Además, la presidenta de Proyecta Igualdad destaca la importancia de la educación sexual integral en la prevención de casos como este. «La educación debe enfocarse en enseñar a los estudiantes sobre el respeto por los derechos de los demás y la prevención de actos violentos», explicó.

Las alumnas afectadas por la difusión de las imágenes manipuladas tendrán que esperar hasta abril de 2024 para someterse a exámenes médico-legales debido a la falta de cupos. La lentitud en la respuesta de las autoridades ha generado indignación entre los padres de las víctimas.

Además, se ha cuestionado la falta de apoyo de las autoridades escolares y la demora en la atención médico-legal de las víctimas. Los padres de las alumnas afectadas exigen una respuesta más rápida y efectiva para proteger a sus hijas.