Ambos casos se suman a una alarmante cifra: más de 500 colegios en el Perú han sido blanco de extorsión en lo que va del año.
La madrugada de este miércoles 7 de mayo estuvo marcada por el terror. En un lapso de menos de tres horas, dos colegios de Lima fueron atacados con explosivos por presuntos extorsionadores.
Uno de los atentados ocurrió en la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe, donde las cámaras de seguridad captaron el momento en que delincuentes colocaron artefactos explosivos en la fachada. La directora del colegio ya había denunciado amenazas previas por parte de un grupo autodenominado “Los Injertos del Norte” , quienes exigían entre 50 y 100 mil soles para no atentar contra la escuela.
La situación se agravó aún más al saberse que la misma directora ya había sido víctima de un ataque anterior en su vivienda, lo que la obligó a abandonar Lima junto a su familia por temor a represalias. En audios compartidos por la afectada, se escucha que la amenaza incluía detonaciones dirigidas específicamente hacia ella y su entorno cercano.
“Detonaron un explosivo en mi casa el 8 de abril. Me exigían dinero a cambio de mi seguridad. Ya no podíamos quedarnos en Lima,” declaró la directora, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad.
Tras el nuevo ataque, la escuela suspendió las clases presenciales y anunció su regreso temporal a la virtualidad, además de medidas como la contratación de seguridad privada y el reforzamiento del perímetro escolar, según se detalla en un comunicado oficial dirigido a los padres de familia.
El segundo ataque ocurrió en el colegio Liceo Pitágoras, en San Juan de Lurigancho, cuyas lunas rotas y fachada dañada dan cuenta de la magnitud del atentado. De acuerdo con la Policía Nacional, esta institución también había recibido amenazas desde hace semanas.
Ambos casos se suman a una alarmante cifra: más de 500 colegios en el Perú han sido blanco de extorsión en lo que va del año. Padres de familia, docentes y directivos viven con temor, mientras que el aprendizaje de miles de niños y adolescentes se ve seriamente afectado.
Lo que ha generado mayor indignación es la respuesta de algunas autoridades policiales, que, según denuncias, habrían minimizado los hechos e incluso sugerido a las víctimas “negociar con los extorsionadores”.
“La llamada venía de un número extranjero, pero la policía me dijo que pague como hizo otro colegio”, denunció la directora de uno de los centros educativos afectados.
Ante esta grave situación, padres de familia exigen acciones inmediatas del Gobierno y mayor presencia policial en las zonas escolares, para frenar una ola de crimen que amenaza no solo la educación, sino la vida misma de la comunidad escolar.
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