Del mismo modo, se determinó iniciar los actos de investigación preliminar al jefe de Estado por el presunto delito contra la Administración Pública –Tráfico de Influencias.
La medida de la fiscal Patricia Benavides responde a las últimas declaraciones de la exautoridad, luego de que este afirmara que no tiene “ninguna duda del compromiso de Pedro Castillo con la corrupción”.
La presidenta de la Junta Fiscales de La Libertad, Marena Mendoza, explicó que estos se debe a que no han recibido la declaración de las mujeres que fueron secuestradas por los ronderos de Pataz.
El objeto de la pesquisa es la contratación de su sobrino Edwin Chávez Prado como Coordinador Regional de dicha cartera, en la región Ica, desde febrero de 2022.
En más de una ocasión, el mandatario negó conocer a Karelim López, respuesta que fue reafirmada en una entrevista para CNN; sin embargo, ante la Fiscalía dijo lo contrario.
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, no obstante, pidió a la Fiscalía que las pesquisas que involucran al entorno del jefe de Estado se realicen de manera objetiva.
El ministro de Justicia respaldó la postura de Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, quien también calificó de inconstitucional lo dispuesto por la titular del Ministerio Público.
El letrado recordó que, a partir del artículo 117 de la Constitución, el jefe de Estado no puede ser perseguido, acusado e investigado durante su mandato.
La medida también determina citar a Karelim López, así como a Zamir Villaverde, al prófugo Bruno Pacheco y a otros seis oficiales del Ejército del Perú.
El empresario, quien visitó hasta en cinco oportunidades Palacio de Gobierno, es investigado junto a la hermana de la primera dama por el presunto ofrecimiento de obras en Cajamarca.
