El mandatario señaló que protegerá a las mujeres que necesiten viajar fuera de su estado, en caso de que en los lugares donde residan esté prohibido abortar.
En un fallo histórico, el máximo tribunal ya había declarado inconstitucional en septiembre la criminalización de la interrupción de la gestación.
Varios estados se preparan para recibir un aumento considerable de mujeres que pierdan en sus lugares de origen acceso a procedimientos para interrumpir su embarazo.
La norma fue condenada por grupos de la comunidad LGBTIQ y por el procurador de derechos humanos de la nación centroamericana.
El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más severas del mundo. En los últimos 20 años, más de 181 mujeres han sido procesadas penalmente tras sufrir emergencias obstétricas.
De acuerdo con la asociación, entre diciembre y el 9 de febrero, las autoridades salvadoreñas han liberado a cinco mujeres que reportaron casos similares.
Hasta noviembre del 2021, se reportaron 1,135 partos de niñas menores de 14 años y 7 partos de niñas menores de 10 años.