"Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, COVAX. Nos deben 75 millones de dólares", dijo López Obrador.
Él tuvo a su cargo las primeras investigaciones para dar con los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. El actual gobierno de México calificó los hechos como un crimen de Estado.
El trabajo detalló que el principal agresor de los periodistas sigue siendo el Estado con 128 casos documentados en el periodo de enero a junio del presente año.
Ante esta situación, familiares de los mineros atrapados dijeron que su frustración ha aumentado con cada retraso y culparon al Gobierno por no actuar más rápido.
Solo el 10 % de las represas de México ahora están llenas y muchas están con niveles por la mitad o por debajo, según datos oficiales.
Más de 100 personas, muchos de ellos socorristas, resultaron heridos -principalmente por la segunda explosión- de las cuales 24 permanecen hospitalizadas.
Los trabajadores quedaron atrapados luego de que se toparan con un área llena de agua mientras excavaban al interior de la mina, ubicada en el municipio Sabinas.
Con el homicidio del comunicador, suman 13 periodistas muertos en lo que va el año. Nueve de ellos, en ataques vinculados a su labor periodística, agregó la organización.
A inicios de julio, la unidad antilavado de México pidió investigar varias transferencias millonarias al exterior dirigidas a Enrique Peña Nieto.
Buscando evadir la infraestructura de control fronterizo de Estados Unidos, los traficantes están recurriendo a métodos más riesgosos, incluido un mayor uso de tractocamiones.
