A un día de presentarse ante el Pleno, el jefe del gabinete responsabilizó al exmandatario de llamar a la protesta contra el Gobierno.
El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundada la medida de allanamiento y descerraje del predio. Los ocupantes tendrán 72 horas para abandonar la vivienda.
Pablo Iglesias, fundador del partido español, expresó su solidaridad con el exmandatario y anunció medidas para "que se dejen de vulnerar sus derechos".
Fiscalía y agentes de la Diviac incautaron vivienda que la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo usó como centro de operaciones.
Esto se dio en el marco de la denuncia penal en contra del expresidente boliviano por presunta traición a la patria en la modalidad de atentado contra la integridad nacional.
Además, innumerables negocios han cerrado. Algunos como consecuencia de las pérdidas en el sector turístico y otros por temor a intervenciones a sus locales por parte de los ciudadanos que continúan protestando.
Se han convocado estas protestas para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte además del cierre del Congreso, la liberación de Pedro Castillo y una asamblea constituyente.
La defensa de Castillo había solicitado que se cambie esta medida por una comparecencia con restricción. El juez San Martín desestimó este pedido y también impuso impedimento de salida contra el expremier Aníbal Torres.
El exmandatario consideró como injusta la prisión preventiva en su contra. Además, solicitó su pronta liberación “por ser un justo derecho”.
Fiscalía ejecuta dicho operativo en el marco de la investigación por ascensos irregulares en la PNP y en las FF. AA. durante el gobierno de Pedro Castillo. Cinco policías también fueron detenidos.
