La ley plantea exigir a medios de comunicación radiales y televisivos incluir en el 40% de su programación temas de arte y cultura nacional.
La ley, que plantea exigir a medios de comunicación radiales y televisivos incluir en el 40% de su programación temas de arte y cultura nacional, está cerca de poder ser debatido en el pleno del Congreso. Frente a esta iniciativa del parlamentario Alex Flores, de Perú Libre, nace la interrogante es si existen riesgos que atentan contra la libertad de prensa y empresa.
“Lo que se está tratando de hacer el proyecto de ley es elevar la cuota que promueve la producción nacional. En este momento el porcentaje está en el 10%. Nosotros somos el país que menos porcentaje tiene de promover contenidos nacionales, que no necesariamente tiene que ver con contenido folklórico. Hablamos de toda la creatividad de peruanos”, expresó Leslie Urteaga, ministra de Cultura.
El dictamen, que ya fue aprobado en la Comisión de Cultura y Transportes y Comunicaciones, contempla la difusión del folclor, la música, programas o series relacionados con la cultura nacional, modificando así la ley de radio y televisión.
Ante ello, la ministra Urteaga señala que no se trata de regular, sino de implementar un mayor porcentaje a la cuota de contenido cultural que ya existe. Sin embargo, para el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, esta medida podría ser perjudicial, dado que “si al gobernante de turno no le gusta un medio de comunicación lo pueda censurar”.
“Es una norma abiertamente inconstitucional y refleja una visión anacrónica del estado de derecho. (…) El artículo 2 de la constitución y el artículo 61 al 65 establecen la libertad de información, de expresión. Ponerle cuotas y límites a esa libertad es una arbitrariedad, sujeta al punto de vista o al estado anímico del burócrata o gobernante de turno”, apuntó el especialista.
De ser aprobada la norma en el Parlamento y ratificada por el Ejecutivo, el letrado precisa que lo que queda es elaborar una demanda de inconstitucionalidad por cualquier colegio profesional o más de 5 mil ciudadanos para que el Tribunal Constitucional evalúe el efecto de la ley.
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