CIUDAD DE MÉXICO, 28 dic (Reuters) – La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el martes que por ahora mantendrá vigente el polémico Título 42, una ley de la era de la pandemia que permite a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los inmigrantes de diversos países a México, donde han permanecido atrapados por muchos meses.
El organismo judicial dijo que va a considerar si 19 estados podrían impugnar el fin de la norma, que ha agolpado a migrantes en la frontera con el país latinoamericano.
«Me duele mi corazón que tengamos que seguir esperando, tenía esperanzas de que pronto iba a poder cruzar», dijo al conocer la resolución Miguel Colmenares, un migrante venezolano que se encuentra la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.
«No sé que voy a hacer, ya no tengo dinero y mi familia me espera», añadió.
En una votación de 5 contra 4, el tribunal estadounidense, accedió a la petición de un grupo de fiscales generales estatales republicanos de dejar en suspenso la decisión de un juez que invalidaba dicha orden de emergencia, conocida como Título 42, mientras estudia si estos podrían intervenir para impugnar el fallo.
Los Estados habían argumentado que el levantamiento de la ley podría provocar un aumento de los cruces fronterizos, que ya se encuentran en niveles récord.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo más tarde, el martes, que la Corte Suprema no se pronunciará hasta junio sobre la ley.
«El tribunal no va a decidir hasta junio, aparentemente, y mientras tanto tenemos que aplicarla. Creo que es algo que debería haberse hecho», expresó Biden a periodistas en la Casa Blanca.
El 19 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, miembro de la mayoría conservadora de este tribunal (6-3), accedió a mantener la ley de la era del expresidente Donald Trump, vigente desde marzo de 2020, mientras la institución estudiaba prolongarla por más tiempo. Antes de esta decisión, la ley expiraba el 21 de diciembre.
El juez conservador Neil Gorsuch se unió a los tres miembros liberales del tribunal -los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson- para disentir de la orden que dejaba el Título 42 en vigor y que Gorsuch calificó de «imprudente».
Cuestionó por qué el tribunal se apresuraba a escuchar una disputa relacionada con «decretos de emergencia que han sobrevivido a su vida útil», y dijo que la única razón plausible era porque los Estados sostenían que la norma ayudaría a mitigar una «crisis migratoria.»
Biden mantuvo las restricciones durante más de un año después de asumir el cargo en 2021 a pesar de haber prometido alejarse de las estrictas políticas de inmigración adoptadas por el expresidente Donald Trump.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a un récord de 2,2 millones de migrantes en la frontera suroeste en el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre. Cerca de la mitad de los detenidos fueron expulsados rápidamente en virtud del Título 42.
El actual Gobierno estadounidense intentó levantar el Título 42 después de que las autoridades sanitarias del país dijeran en abril que la ley ya no era necesaria para prevenir la propagación del COVID-19, pero fueron bloqueados por un juez federal en Luisiana -designado por Trump- en respuesta a un desafío legal liderado por los republicanos.
Enrique Lucero, director de atención a migrantes en Tijuana, dijo que mantener el Título 42 «no tiene sentido», señalando que la ciudad tiene una gran acumulación de solicitantes de asilo estadounidense.
«Esa medida tiene que desaparecer tarde o temprano», dijo Lucero.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) dijo a Reuters que por el momento no tenía comentarios sobre la decisión del tribunal estadounidense.
Un grupo de migrantes solicitantes de asilo representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al Gobierno estadounidense por esta política, argumentando que las expulsiones a México los exponían a graves daños, como secuestros o asaltos, y un juez les dio la razón.
El juez de distrito de Washington, D.C., Emmet Sullivan, falló a favor de los inmigrantes el 15 de noviembre y dictaminó que el Título 42, que se ha utilizado para expulsar a cientos de miles de personas desde su creación, era ilegal, y dio de plazo al Gobierno hasta el 21 de diciembre para preparar el fin de la norma.
Descontentos con la decisión del tribunal inferior, un grupo de fiscales generales estatales republicanos trató de intervenir para seguir defendiendo la política en los tribunales. El 16 de diciembre, un tribunal federal de apelaciones les denegó la intervención y dejó en suspenso la orden de Sullivan, por lo que llevaron el asunto ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
«Es decepcionante que el Gobierno del presidente Biden esté dispuesto a sacrificar la seguridad de las familias estadounidenses por motivos políticos», declaró por su parte el fiscal general republicano de Arizona, Mark Brnovich, que encabeza la defensa del Título 42.
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