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Ante el derrame de hidrocarburo ocurrido el 21 de diciembre, en la provincia de Talara, que afecta severamente a la flora y fauna marina, la Defensoría del Pueblo supervisó la playa Las Capullas, ubicada a 10 km al norte de la refinería de Talara, en donde detectó arena de color negro con olor a petróleo. Asimismo, tomó conocimiento que cinco playas del distrito de Lobitos fueron afectadas.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo solicitó, mediante oficio, a Petroperú informar sobre las causas que originaron los hechos en el distrito de Lobitos, provincia de Talara y las acciones de respuesta inmediata o plan de contingencia que activaron para atender la problemática.

Si bien Petroperú informó que, ocurrido este hecho, dispuso inmediatamente acciones de limpieza y activación de protocolo de contingencia para atender la situación, la Defensoría del Pueblo demandó que se informen sobre las medidas que efectuarán para resarcir los daños ocasionados al medio ambiente.

EL PEDIDO TAMBIÉN FUE HECHO PARA LA OEFA

Asimismo, la Oficina Defensorial de Piura solicitó a la Oficina Desconcentrada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) remitir información sobre las acciones de supervisión y fiscalización realizados. Y, en caso se cuente con los resultados de los análisis realizados proporcionar el informe correspondiente.

Si bien OEFA precisó que el área afectada asciende a 10 000 m² y que realizó acciones de supervisión junto con la Capitanía del Puerto de Talara (DICAPI) para verificar los hechos materia de emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado, es preciso corroborar las acciones de primera respuesta por parte de Petroperú, así como la recolección de muestras de agua superficial de mar y sedimentos, que serían analizadas por un laboratorio acreditado.

Para la Defensoría del Pueblo, el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado implica obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Asimismo, tal obligación alcanza también a los particulares y, con mayor razón, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante de la implementación de las acciones que ejecutan las entidades locales, regionales y nacionales para atender esta preocupante problemática que afecta los derechos de las personas y al medio ambiente en Talara.

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