La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante de la implementación de las acciones que ejecutan las entidades locales, regionales y nacionales para atender esta preocupante problemática.
Ante el derrame de hidrocarburo ocurrido el 21 de diciembre, en la provincia de Talara, que afecta severamente a la flora y fauna marina, la Defensoría del Pueblo supervisó la playa Las Capullas, ubicada a 10 km al norte de la refinería de Talara, en donde detectó arena de color negro con olor a petróleo. Asimismo, tomó conocimiento que cinco playas del distrito de Lobitos fueron afectadas.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo solicitó, mediante oficio, a Petroperú informar sobre las causas que originaron los hechos en el distrito de Lobitos, provincia de Talara y las acciones de respuesta inmediata o plan de contingencia que activaron para atender la problemática.
Si bien Petroperú informó que, ocurrido este hecho, dispuso inmediatamente acciones de limpieza y activación de protocolo de contingencia para atender la situación, la Defensoría del Pueblo demandó que se informen sobre las medidas que efectuarán para resarcir los daños ocasionados al medio ambiente.
#Piura Pedimos a @petroperu_sa y @OEFAperu informar acciones para encontrar responsabilidad e impacto generado por derrame de hidrocarburo en #Lobitos. En supervisión a playa Las Capullanas evidenciamos arena negra con olor a petróleo. Lee la nota 👉 https://t.co/wCbjHYCq9C (1/2) pic.twitter.com/7XRvYRg5vw
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) December 24, 2024
Asimismo, la Oficina Defensorial de Piura solicitó a la Oficina Desconcentrada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) remitir información sobre las acciones de supervisión y fiscalización realizados. Y, en caso se cuente con los resultados de los análisis realizados proporcionar el informe correspondiente.
Si bien OEFA precisó que el área afectada asciende a 10 000 m² y que realizó acciones de supervisión junto con la Capitanía del Puerto de Talara (DICAPI) para verificar los hechos materia de emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado, es preciso corroborar las acciones de primera respuesta por parte de Petroperú, así como la recolección de muestras de agua superficial de mar y sedimentos, que serían analizadas por un laboratorio acreditado.
Para la Defensoría del Pueblo, el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado implica obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Asimismo, tal obligación alcanza también a los particulares y, con mayor razón, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante de la implementación de las acciones que ejecutan las entidades locales, regionales y nacionales para atender esta preocupante problemática que afecta los derechos de las personas y al medio ambiente en Talara.
Te puede interesar:
También te puede interesar