La protección de los derechos humanos y el equilibrio entre la seguridad pública y las libertades individuales son consideraciones esenciales en la formulación de estas medidas. En la siguiente nota, conoce de que se trata.
El combate contra la delincuencia es una preocupación constante en el Perú, por lo que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, presentó este martes ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 5632/2023-PE, que tiene como objetivo delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias relacionadas con la seguridad ciudadana, la gestión del riesgo de desastres, la meritocracia, la infraestructura social y la calidad de proyectos.
«En materia de seguridad ciudadana, la vida de nuestros hijos está siendo truncada por un delincuente que vende un celular a 50 soles. Tenemos que cortarlo de raíz. Para ello vamos a cambiar este marco normativo y estamos seguros de que contaremos con el apoyo del Congreso de la República para implementar estas medidas», señaló Alberto Otárola, ante los congresistas.
El Ministerio del Interior (Mininter) ha destacado las principales preocupaciones en este ámbito, que incluyen la delincuencia común, el crimen organizado, la criminalidad transnacional, la presencia de terrorismo, la crisis migratoria, la conflictividad social, el mercado ilegal de armas y la alteración del orden en las fronteras.
Cabe precisar que el congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del congreso de la República, junto a los miembros de la comisión serán los encargados de revisar las facultades que el Ejecutivo ha solicitado.
Frente a ello, el especialista en políticas de seguridad y docente universitario, Frank Casas, señaló que las propuestas del gobierno son «poco ambiciosas y en otros casos se tratan medidas incompletas y con poco enfoque preventivo».
«Todo en lo que están enfocando es en sancionar al posible culpable que nos roba, pero no nos está diciendo nada absolutamente de cómo esto va a prevenir. Entonces básicamente nos está diciendo: «Igual te van a robar. No voy a evitar que te roben el celular, lo único que voy a hacer es orientarme a que aquella persona que te robó no este»», señaló a Latina Noticias.
Cabe precisar que, uno de los aspectos destacados por el Mininter, en el proyecto presentado ante el congreso, es la alarmante incidencia del robo de dinero, carteras y celulares, que constituye el 68.6% de la victimización a nivel nacional. Dentro de este porcentaje, el robo de celulares representa el 80%. Según datos de OSIPTEL, en el Perú se hurtan en promedio 4,734 celulares por día, lo que equivale a 197 celulares por hora o 3 celulares por minuto.
«Se busca controlar el mercado celular robado. Esto es positivo, puesto que sabemos que a través de los celulares, por ejemplo, se ejecutan otros delitos como la explosión o la estafa», dijo el especialista.
Ante esta problemática, una de las iniciativas propuestas, es mejorar la normativa del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (Renteseg), suspendiendo las líneas utilizadas por la delincuencia y ampliando los supuestos de receptación de equipos robados.
Además de las preocupaciones sobre la delincuencia, el país enfrenta otros desafíos, como el crecimiento constante de la población, que aumenta en 300,000 habitantes por año, llegando a 33.7 millones en 2023.
Debido a este crecimiento poblacional, las instituciones policiales cuentan con un número limitado de efectivos y recursos. Por ejemplo, en 1990, se tenían 125,546 efectivos policiales para atender a 22 millones de habitantes; mientras que en agosto de 2023, la PNP registra 131,557 efectivos policiales para servir a 33.7 millones de habitantes.
Es así que uno de los puntos de esta iniciativa pretende mejorar la participación de los gobiernos regionales y locales en inversiones en seguridad ciudadana y Policía Nacional del Perú.
«Yo creo que el Ejecutivo tiene que equipar mejor a su policía y tienen que apuntar a eso antes de querer crear otro cuerpo de policía. Básicamente, acá lo que tienen que hacer es repotenciar a la policía y tenemos hacer que los alumnos en las escuelas puedan acelerar su salida mediante un buen filtro y capacitación para que puedan contribuir a la seguridad ciudadana», dijo el congresista Alfredo Azurín.
Según información proporcionada por el Ministerio de Justicia, el hacinamiento en las cárceles alcanzaba un alarmante 105% en junio de este año, con una sobrepoblación del 125% con respecto a la capacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios.
Una de las propuestas sobre el tema se centra en la ampliación del acceso a la medida de vigilancia electrónica personal, comúnmente conocida como «grilletes electrónicos». Actualmente, tan solo 46 de estos dispositivos están en funcionamiento en el país.
El Ministerio de Justicia plantea la implementación de la variación automática de la medida de prisión preventiva por la comparecencia con restricciones bajo vigilancia electrónica personal. Es importante destacar que la aplicación de estas medidas estaría orientada principalmente a delitos de menor gravedad, según lo señalado por la cartera.
«Concentrándote en la sanción del delincuente, nos aseguramos que se llenen las cárceles, pero no nos aseguramos que nos prevengan del delito, no aseguramos que haya menos víctimas. Entonces esos detalles no aparecen en las facultades legislativas, por eso me pregunto si existen más propuestas y no lo sabemos o se está haciendo algo en paralelo», mencionó Casas.
En la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana se escuchó la sustentación de dos propuestas de ley presentadas por el Poder Ejecutivo destinadas a luchar contra la delincuencia en las calles y enfrentar a bandas organizadas. Alfredo Azurín Loayza, coincidió en la necesidad de aumentar el número de policías, como lo plantean las iniciativas legislativas, sin embargo, exigió un prolijo proceso de selección para evitar la incorporación de malos elementos.
Azurín fue muy crítico al señalar que las propuestas dadas no servirán de nada si es que se trata desde la indiferencia. Asimismo, indicó que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) solo se ha reunido una sola vez en lo que va del año, cuando ya habría que haber tenido mínimo cuatro encuentros.
«Yo creo que el principal enemigo de esta situación, es la indiferencia y la ambición de algunas autoridades que no están pensando en luchar juntos»
La situación de seguridad se complica con la reactivación de la delincuencia después de la emergencia sanitaria por el coronavirus, incluyendo delitos como la extorsión, el secuestro, el sicariato, la minería ilegal y la trata de personas.
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