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 El Congreso de los Diputados de España votó el jueves a favor de prorrogar el estado de alarma en todo el país durante seis meses, otorgando a las autoridades regionales poderes adicionales para controlar la segunda ola de coronavirus.

España sufre uno de los peores focos de COVID-19 de Europa, con más de 3 millones de infecciones.

Su respuesta a la pandemia se ha visto a menudo entorpecida por disputas políticas, pero esta vez el Gobierno consiguió reunir suficientes votos para que el Congreso respalde la prórroga de un decreto inicial de dos semanas hasta el 9 de mayo.

Sin embargo, a algunos les preocupan las consecuencias en un país que ya está sufriendo su peor recesión desde la guerra civil de finales de los años 30.

«Me parece demasiado, porque la gente no aguanta más», dijo Ángela Suárez, una cocinera madrileña que ya ha visto reducidas sus horas de trabajo a causa de la crisis. «No sabemos qué hacer. Pagamos el alquiler, las facturas, y pensamos ‘¿Qué hacer?'».

El Gobierno dijo que el estado de alarma y las restricciones de movilidad que conlleva en toda España eran inevitables.

«Somos conscientes de que la ciudadanía empieza a estar cansada de meses realizando esfuerzos y sacrificios, de no poder hacer lo que hacía antes: abrazar a los nuestros, a nuestros familiares y amigos», dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Pero no es el momento de relajar medidas, estamos ante unas semanas, unos meses que van a ser muy duros».

Sin embargo, esto no será el final de la incertidumbre para muchos españoles, ya que el Gobierno deja de esta manera que cada región decida sus propias medidas, creando un mosaico de restricciones en todo el país.

Mientras que Madrid sólo quiere prohibir la entrada y salida de su territorio durante los puentes vacacionales, Cataluña se sumó el jueves a un número creciente de regiones que prohíben la entrada y salida de su territorio durante al menos 15 días.

 

Fuente: Reuters