QUITO (Reuters).- Una jueza ecuatoriana dejó sin efecto el viernes la medida impuesta por el Gobierno ecuatoriano de solicitar un pasaporte a los ciudadanos venezolanos para ingresar a su territorio, dijo la Defensoría del Pueblo, bajo el argumento de que la exigencia vulneraba sus derechos.
La Defensoría del Pueblo junto a otras instituciones de derechos humanos habían hecho el pedido a la justicia del país, horas después de que el Gobierno ecuatoriano endureciera los requisitos para el ingreso de miles de ciudadanos a su territorio.
«Jueza acepta el pedido de medidas cautelares propuesta por la Defensoría del Pueblo ante la exigencia del Estado Ecuatoriano de pedir pasaporte a personas venezolanas», dijo la institución pública en su cuenta de Twitter. En la lectura de su resolución, la jueza Judith Naranjo dispuso además que en el plazo de 45 días el Gobierno deberá desarrollar un plan integral para el flujo regular de los inmigrantes.
Ecuador impuso la medida el 18 de agosto en un intento, según las autoridades, por ordenar la migración de venezolanos por sus fronteras, en medio de duras críticas de sectores de protección de derechos humanos y la Iglesia Católica.
Al menos unos 600.000 venezolanos han ingresado a territorio ecuatoriano en lo que va del año, huyendo de una crisis económica y política en Venezuela. Varios de ellos entraron al país de manera irregular por no contar con un pasaporte, un documento difícil de obtener en Venezuela.
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