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La Procuraduría General del Estado anunció que tomará medidas legales contra la Ley Nº 31778, la cual permite que el Congreso, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos designen a sus propios procuradores sin la participación de la institución. El anuncio se da horas después de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya promulgado la norma.

Mediante un comunicado, la Procuraduría señaló que la “ley publicada vulnera gravemente el principio de igualdad contemplado en la Constitución en concordancia con el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, recogido en el literal c) del artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”. Y que lo más grave es que “transgrede el principio de autonomía funcional de los procuradores públicos, quebrando la unidad del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado”.

La institución remarcó que este Sistema tiene como función principal “cautelar los intereses del Estado y de sus instituciones, no el de las personas que las dirigen”. Es por todo esto que, en sesión extraordinaria, el Consejo Consultivo de la Procuraduría General acordó “adoptar las acciones legales pertinentes que le faculta la Constitución y las leyes, en defensa de los intereses del Sistema de Defensa Jurídica”.

“Reafirmamos el compromiso de la Procuraduría General del Estado por preservar y mantener la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores que debe cautelar los intereses del Estado y sus instituciones por encima de los intereses de las personas que las dirigen o conformar”, añadieron desde la entidad.

¿Qué dice la Ley Nº 31778?

Esta Ley modifica artículos del Decreto Legislativo 1326. Uno de ellos es el 16, el cual ahora reza que una de las funciones del Consejo Directo de la Procuraduría es “dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años”.

Antes los procuradores eran elegidos por la Procuraduría General. Hoy los titulares del Congreso, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos podrán escogerlos “a través de concurso público”, de acuerdo al artículo 31 de la nueva Ley.