Hermano de congresista Velásquez Quesquén es acusado de estafa por cerca de 1 millón de soles

En Lambayeque, los vecinos del distrito de San José, viven y se mueven al ritmo que les marca, el agua. Conseguirla, es el motor que los hace transitar a diario o que simplemente los inmoviliza en casa, con la esperanza del paso de un camión cisterna.

Algunos, los que tienen suerte, podrán recibir el agua gratis. Y otros, los que pueden, tendrán que pagar por ella. Pero esta no es una historia de falta de recursos públicos. Esta es más bien una larga historia de trampas empresariales, de oscuro final y un personaje clave.

Una cadena, un candado y una tranquera, separan del ojo público, un monumento a la impunidad, en San José. Material de una obra de agua y alcantarillado, valorizada en más de 30 millones de soles y que se estropea al sol como si no hiciera falta.

Punto Final accedió al contrato por la obra, firmado en marzo del año pasado, entre la Municipalidad Distrital de San José, representada por su alcalde, Macario Fiestas Fiestas y el Consorcio Adonai, representado por Jorge Enrique Ruiz García. El monto: 30 millones 402 mil 214 soles.

Para empezar los trabajos, el consorcio solicitó un adelanto y para que este sea aprobado, como ocurre con las contrataciones públicas, el municipio le exigió la presentación de una carta fianza.

A través de documentos a los que accedió Punto Final, la empresa se presentó ante el municipio como garantizada por el Banco Interamericano de Finanzas, BANBIF. Si es que la obra no se hacía, o se hacía mal, el banco regresaría el dinero del adelanto. Para eso sirven las cartas fianza y el consorcio presentó ante el municipio, cuatro.

Para el alcalde Macario Fiestas y sus funcionarios en la municipalidad, los documentos parecían fidedignos, motivo por el que se tramitó el primer adelanto.

10 millones de soles es lo que recibió el consorcio para iniciar las obras en todo el distrito de San José. Pero algunos meses después, la trampa quedaría al descubierto. Una verificación hecha por Contraloría, descubrió que las cartas fianza presentadas, eran falsas.

El Consorcio Adonai, representado por Jorge Ruiz García, había recibido 10 millones de soles, presentando documentos falsos. Los regidores del municipio, entre ellos, Walter Sialer, exigieron la anulación del contrato.

En efecto, en oficio del BANBIF a la municipalidad, el banco negó la autenticidad de las cartas. El municipio decidió anular el contrato, y tras verse descubierta, la empresa decidió revelarle a la Fiscalía, en Chiclayo, cómo obtuvo esos documentos.

«Se contrató como bróker comercial a César Velásquez Quesquén, para gestionar las cartas fianza y la validez de las mismas, y que serían de dudosa procedencia, por cuanto la Municipalidad Distrital de San José nos ha resuelto el contrato», expresó el representante de la constructora, Jorge Enrique Ruiz García.

La declaración del representante de la empresa responsabiliza directamente, al hermano del congresista por Lambayeque, Javier Velásquez Quesquén, por el ilícito.

La paralización de la obra, producto del contrato anulado, ha dejado a San José, una humilde caleta de pescadores, a 10 kilómetros de Chiclayo, mucho peor que antes del inicio de obras. Desagües colapsados, pistas y veredas rotas, y decenas de buzones abiertos, pintan el colapso de todo un distrito, por culpa de unos pocos.

Pero mientras muchos pierden, otros pocos, ganan. Por las cartas fianza, César Velásquez Quesquén cobró la suma de 946,435 soles, dinero que el consorcio desembolsó a diferentes cuentas, a pedido de Velásquez.

«Con respecto a las personas de Kilber Armestar Macedo y María Sosa Salgado, los cheques y depósitos fueron girados en garantía a su nombre, por indicación del denunciado César Velásquez Quesquén», expresó el representante de la constructora, Jorge Enrique Ruiz García.

Armestar y Sosa son una pareja de esposos tumbesinos. Y a sus cuentas, en efectos, la empresa depositó cientos de miles de soles. Este programa accedió a un conjunto de cheques y vouchers que confirman las operaciones bancarias. A nombre de María Sosa Salcedo, se giraron cheques por 60 mil 804 soles y 210 mil soles, el mismo día. Y a nombre de Kilber Armestar Maceda, la empresa giró un cheque por 425 mil soles y otro por 120,000.

Se trata de operaciones que Velásquez Quesquén solicitaba a los empresarios vía WhatsApp. Las conversaciones certificadas y los cheques son parte de la investigación fiscal, así como las transferencias de dinero que Velásquez recibió a nombre propio. Dos depósitos por 10 mil soles, otro por 89 mil y un cheque por 100 mil soles.

Dinero que pago la empresa, por la gestión de cartas fianzas, que resultaron, falsas. En 2014, se dio a conocer la directa relación de César Velásquez Quesquén con COOPEX, la cooperativa de Rodolfo Orellana, entidad en la que también se desempeñaba con intermediario de cartas fianza. Una revelación ante la que su propio hermano, el congresista, debió salir a marcar distancia.

Todo hace indicar, que César Velásquez, ha vuelto, o nunca se alejó, del rubro. La fiscal Karen Padilla, en Chiclayo, ha formalizado investigación contra Velásquez Quesquén, a quien acusa por estafa, apropiación ilícita y falsificación de documentos.

Mientras tanto, tuberías temporales expuestas, cruzan las calles de San José, distrito lambayecano tomado por tanques elevados, cilindros, baldes, y bidones de agua. ¿Quién le explica ahora a toda esta gente, que unos pocos, se burlaron de miles?