Seis años de cárcel para quienes contaminen ríos: promulgan ley para la protección de cauces
El Gobierno promulgó una nueva ley que modifica el Código Penal para incorporar el delito de exposición al peligro por arrojo de residuos sólidos en cauces naturales, una medida que busca frenar la creciente contaminación de ríos y quebradas en diversas regiones del país. La norma, aprobada previamente por el Congreso, establece penas de cárcel para quienes pongan en riesgo la vida y la salud de las personas mediante la disposición inadecuada de desechos en espacios hídricos naturales.
La modificación incorpora dos nuevos artículos que precisan las sanciones aplicables. El primero establece que “el que expone a otras personas a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud, arrojando residuos sólidos en el cauce, lecho, ribera o faja marginal de un río o quebrada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. Con ello, el Estado peruano tipifica explícitamente una práctica que, pese a su amplia frecuencia, no contaba hasta ahora con un marco penal específico que permitiera perseguir con eficacia a los responsables.
El segundo artículo agrava las penas para los casos en los que se empleen vehículos pesados o maquinaria destinada a desechar residuos a gran escala. El texto señala: “La pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años, si el agente utiliza camiones u otro tipo de maquinaria pesada para arrojar los residuos sólidos, o si, como consecuencia de la conducta, se causa daño a obras de infraestructura pública”. Esta disposición apunta a combatir operaciones clandestinas que utilizan camiones para descargar basura en riberas y quebradas, afectando no solo la calidad del agua y el ecosistema, sino también construcciones esenciales como puentes, canales o sistemas de riego.
LAMENTABLE DETERIORO
La promulgación de esta ley responde a reiteradas denuncias de municipalidades, comunidades rurales y organizaciones ambientales que alertan sobre el deterioro acelerado de los cuerpos de agua. En ciudades como Lima, Cusco, Arequipa y Chiclayo se han reportado constantemente botaderos informales en quebradas y ríos que, durante épocas de lluvia, arrastran toneladas de residuos hacia zonas pobladas.
Con la nueva tipificación penal, el Gobierno espera desincentivar estas prácticas y fortalecer la fiscalización ambiental. Para su aplicación efectiva, autoridades locales y la Policía deberán coordinar la detección y denuncia de infractores, mientras que el Ministerio del Ambiente impulsará campañas informativas sobre el impacto de la contaminación en la salud y en la infraestructura pública.
La norma ya está en vigencia y representa un paso significativo en la protección de los recursos hídricos y naturales del país.