El premier Alberto Otárola señaló ante la OEA esta solicitud del Gobierno. También destacó el compromiso del organismo internacional con la democracia en el Perú.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola declaró ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el Estado peruano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no admitir a trámite las peticiones de los sentenciados por terrorismo.
Durante su ponencia ante los medios en el consejo de la OEA, el premier Alberto Otárola, destacó su pedido a la CIDH sobre los sentenciados por terrorismo.
«(Hemos comunicado) nuestra seria discrepancia con algunas decisiones, como aquellas que han significado la admisión a trámite de las peticiones de líderes terroristas, hecho que ofende la memoria de miles de compatriotas cruelmente asesinados por estos grupos delincuenciales», indicó el titular de la PCM.
El premier Alberto Otárola añadió que los condenados por el delito de terrorismo en el Perú cumplen condenas justas, tras ser hallados responsables de múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante las décadas de los 80 y 90. “Los casos de probables beneficios a terroristas reabren heridas que aún no han terminado de sanar en nuestra sociedad”, señaló.
En el mismo marco, reveló que el Perú solicitó a la CIDH el archivamiento sumario de los casos de Florindo Eleuterio Flores Hala y Víctor Polay Campos.
«El Gobierno del Perú quiere ser muy enfático en recordar de la manera más respetuosa, pero a la vez enérgica, que todos los criminales que cometieron reiteradas acciones terroristas vienen cumpliendo justas condenas, tras ser los causantes de la historia más sangrientas del pasado reciente de nuestro país», dijo Otárola.
Esta solicitud se conversó con la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, durante la exposición de “El Perú en la OEA: un nuevo y fortalecido relacionamiento multidimensional”
El Ministro también dijo que en el Perú se viene trabajando para garantizar el derecho y la protección de los derechos humanos, incluyendo las investigaciones ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y su gabinete. Además, remarcó que se implementarán las recomendaciones indicadas por la CIDH.
«Les expresamos también la decisión de la mandataria y la mía de colaborar con las investigaciones que viene efectuando, de forma independiente y sin interferencias, el Ministerio Público. Podemos asegurar que no habrá impunidad para los que resulten responsables», finalizó.
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