ANGR sobre caso Ciro Castillo: “La prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional”
Tras conocerse la revocatoria de la prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un comunicado en el que fijó su posición institucional frente a la decisión judicial y recordó la importancia de respetar los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
La ANGR informó que tomó conocimiento de la resolución emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao, mediante la cual se dejó sin efecto el mandato de prisión preventiva que pesaba sobre Castillo Rojo. En su lugar, el colegiado dispuso la medida de comparecencia con restricciones, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.
En el pronunciamiento, las autoridades regionales subrayaron que la medida no implica el cierre del proceso judicial y recordaron que el gobernador del Callao deberá cumplir estrictamente las restricciones impuestas mientras continúan las investigaciones. Asimismo, reafirmaron su respeto irrestricto a la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, señalando que los procesos deben desarrollarse con objetividad, imparcialidad y pleno respeto al debido proceso.
PEDIDO A LAS AUTORIDADES
La Asamblea enfatizó que la prisión preventiva debe ser aplicada de manera excepcional. “Este tipo de medidas debe aplicarse de manera excepcional, estrictamente necesaria y debidamente motivada, conforme a los estándares constitucionales y convencionales vigentes”, señaló la ANGR, al advertir que su uso indiscriminado puede generar consecuencias que trascienden el ámbito personal del investigado.
En ese sentido, el gremio de gobiernos regionales consideró que la prisión preventiva no solo impacta en la esfera personal de quien es sometido a ella, sino que también puede afectar la institucionalidad democrática y la imagen de los gobiernos regionales, especialmente cuando se trata de autoridades electas por voto popular. Según indicaron, estas situaciones pueden erosionar la confianza ciudadana si no se manejan con el debido equilibrio entre la persecución del delito y la protección de los derechos fundamentales.
Pese a ello, la ANGR reiteró su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles de gobierno. En el comunicado, la Asamblea sostuvo que la defensa del Estado constitucional de derecho exige investigar y sancionar los delitos, pero siempre garantizando los derechos fundamentales y la estabilidad institucional de las regiones.
Finalmente, el pronunciamiento exhorta a que las investigaciones en curso continúen desarrollándose con celeridad y transparencia, con el objetivo de esclarecer los hechos y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La ANGR remarcó que solo a través de procesos claros y oportunos se podrá fortalecer la legitimidad del sistema de justicia y de las autoridades democráticamente elegidas.