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El 7 de diciembre de 2022, el general de división, Manuel Gómez de la Torre, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), lideró el centro de mando desde donde se tomaron todas las decisiones militares el día del golpe de Pedro Castillo.

Un año después, se conocen nuevos detalles; y, tras las lamentables muertes de 49 manifestantes, por primera vez, el general Gómez de la Torre habló en exclusiva para Punto Final acerca de su participación en las protestas.

En el diálogo, confiesa de que el escenario del golpe no les cayó de sorpresa y que la demora del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas se debió a que faltaba la firma del excomandante general del Ejército, Walter Córdova, quien un día antes había intentado renunciar al cargo.

El general también relató que nunca hubo apoyo al golpe de parte de los comandantes generales de cada división. Minutos después del mensaje, todos los comandantes (Marina, FAP y PNP) llegaron al CCFFAA, excepto uno: Córdova (Ejército).

Durante la reunión, Gómez relató que recibieron la llamada de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Primero, les agradeció por tomar postura en contra del golpe y, posteriormente, les informa que Castillo había salido de Palacio de Gobierno con destino a la Embajada de México y que se le debía detener.

LAS MANIFESTACIONES CONTRA EL GOBIERNO

Pero el 7 de diciembre de 2022 no sería el único día tenso para las FF. AA. Una semana después, las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte en Ayacucho y otras regiones del sur del país se volverían muy violentas tras los intentos de toma de aeropuertos. Solo en Huamanga, hubo cerca de diez fallecidos en enfrentamientos con la PNP y FF. AA.

Gómez indicó que no se le dio la orden de repeler con violencia las manifestaciones, debido a que era una cuestión «de orden interno» y esto le correspondía a la PNP. No obstante, cuando pasó a «otro nivel» de violencia, «cambiaron las cosas».

El general dijo ante la Fiscalía que «la presidenta Dina Boluarte dictó los lineamientos a través del decreto supremo 143, donde se especifica que las Fuerzas Armadas deben actuar en estricto cumplimiento del Decreto Legislativo 1095 y su reglamento».

Un total de 49 personas murieron por los impactos de bala de fusil, bombas lacrimógenas o perdigones disparados a corta distancia. Hasta ahora, solo hay algunos militares y policías identificados e investigados, pero ninguno sentenciado.

En otra de sus revelaciones, Gómez de la Torre contó que antes que se diera el golpe, tuvo un asesor principal a quien siempre recurría, pero este no era un uniformado ni un exmilitar. Se trataba del reconocido abogado constitucionalista Luciano López, a quien calificó como «una persona muy respetada».