Punto Final reveló cómo los congresistas Rosío Torres, María Cordero Jon, Edgar Tello y Magaly Ruiz recortaron los sueldos de sus trabajadores usando diferentes modalidades.
El 15 de febrero, la Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda suspender e inhabilitar a la congresista María Cordero (no agrupada y exmiembro de Fuerza Popular) por recortar el sueldo de sus trabajadores. Con 17 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, el grupo de trabajo liderado por Alejandro Soto, presidente del Congreso y otro implicado en este escándalo, tomó esta decisión.
En abril del 2023, Punto Final reveló que tanto María Cordero como otros 4 congresistas recortaron el salario de sus trabajadores para su beneficio, abusando así de sus posiciones. Más adelante, se revelaron más casos que en total suman 11 los legisladores involucrados. ¿Cuál es la situación política y legal de ellos actualmente? En este informe de Latina Noticias descubrirás qué le pasó a cada uno de los involucrados.
En los primeros meses de 2023, un reportaje emitido en el dominical Punto Final reveló que Rafael Cabrejos, un extrabajador del despacho de Cordero, entregó hasta un 75% de sus honorarios a la legisladora. De hecho, el exfuncionario mencionó que le habría entregado un total de S/ 80 mil soles a través de depósitos que eran entregados mensualmente.
En mayo, la bancada fujimorista decidió expulsar de manera unánime a la congresista. “Mantenemos nuestro firme compromiso de erradicar de raíz cualquier mala práxis política, independientemente de su origen o procedencia”, indicaron en su pronunciamiento.
En diciembre, el Pleno del Congreso aprobó suspender a la congresista por el caso. La decisión fue tomada con 90 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones.
Actualmente, la Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda suspender e inhabilitar a la legisladora. Con la decisión, el documento deberá ser expuesto y votado por el pleno del Congreso de la República.
Un reportaje del programa Punto Final reveló que la legisladora Rosío Torres obtenía dinero de las personas que laboraban con ella a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien se encargaba de recopilar el dinero que transferían los trabajadores del despacho de Torres. Al menos cinco trabajadores o extrabajadores habrían sido obligados a depositar parte de sus sueldos a un familiar.
En abril del 2023, el presidente del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, informó que su agrupación expulsó a la legisladora. El gobernador de La Libertad aseguró en el momento que no ha fundado un partido «para que personas lo utilicen para servirse».
El 18 de febrero del presente año, el Poder Judicial ordenó a la Fiscalía de la Nación que concluya la investigación preliminar que se había iniciado en contra de la parlamentaria, cuando previamente el Ministerio Público había solicitado que se autorice el levantamiento del secreto bancario de la congresista.
Sin embargo, de acuerdo al documento al que accedió Latina Noticias, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundada una solicitud de control de plazos que presentó la legisladora para esta investigación preliminar que se le inició el 04 de abril del 2023 como presunta autora del delito de concusión en agravio de Estado.
El legislador Edgar Tello (Bloque Magisterial) fue acusado en Punto Final de recortar el salario de los trabajadores de su despacho: una exfuncionaria de su oficina denunció que el diputado le ordenó destinar su bono para la compra de un videoproyector y también se reveló que la esposa del parlamentario, Sonia Suárez, pidió depósitos y transferencias a los trabajadores del despacho para viajar a Núremberg (Alemania).
Al respecto, en septiembre pasado, con 10 votos a favor y 5 abstenciones, la Comisión de Ética aprobó el informe que recomendaba denunciarlo por el presunto recorte de sueldo y hostigamiento laboral.
Asimismo, recientemente el Poder Judicial confirmó la medida del levantamiento del secreto de las comunicaciones del congresista como parte de una investigación en su contra por presuntamente haber participado en una licitación irregular en San Juan de Lurigancho.
El viernes 2 de febrero, con 17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Lady Camones (Alianza para el Progreso), blindó a la legisladora Magaly Ruiz, también de APP, en el caso ‘Mochasueldo’.
Ruíz ya había sido blindada por la Comisión de Ética Parlamentaria por el mismo caso en junio pasado. Aquella vez, solo se aprobó sancionarla con una amonestación escrita pública y una multa equivalente a 30 días de remuneración.
En abril del 2023, Carlos Marina denunció en el programa Punto Final que la legisladora Magaly Ruiz le habría obligado que abone una suma mensual de S/ 1500. Esto era usado como una suerte de ‘caja chica’ por la integrante de APP, la cual se alimentaba de los aportes económicos que exigía a sus trabajadores a cambio de mantener sus puestos de labores.
Kati Ugarte recortaba el sueldo de los trabajadores de su despacho para poder pagar publicaciones en prensa con el objetivo de mejorar su imagen. Este dinero era recibido por Wilber Felices Villafuerte, asistente y hombre de confianza de la legisladora.
Sin embargo, en diciembre pasado, el Pleno «salvó» a la congresista Katy Ugarte de la suspensión por 30 días y el descuento de haberes. En reemplazo de ello, se dispuso que la legisladora sea sancionada con una amonestación pública por escrito.
Previamente, fue también blindada por la Comisión de Ética, que decidió reevaluar el caso de recorte del salario a sus trabajadores. Con seis votos a favor, cinco en contra y una abstención, se decidió regresar el informe final que recomendó suspender a la legisladora para «una mejor revisión».
José Arriola disfrazó el recorte de sueldos como supuestas donaciones, tiene documentos hallados en su domicilio que prueban el delito que cometió. De hecho, sus trabajadores habrían firmado una declaración jurada que los obligaba a dar ‘sus aportes’.
Tras la revelación, Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, pidió la renuncia del parlamentario a la agrupación. No obstante, a la fecha este continúa siendo miembro.
La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó el 8 de mayo, por unanimidad, iniciar indagación preliminar en contra del parlamentario por presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho a través de la modalidad de donaciones. Luego, en octubre, con 9 votos a favor y 4 abstenciones determinaron que pase a ser investigado.
Según informó un medio local, María Acuña obligó a que dos empleados compartieran el salario de uno solo. Esto habría sucedido en noviembre de 2021, cuando Carlos Herrera, abogado de la parlamentaria, comenzó a laborar en su oficina local en Chiclayo.
El viernes 16 de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó archivar la denuncia presentada contra Acuña Peralta. Con 15 votos a favor, se aprobó el informe final del fujimorista Arturo Alegría, quien recomendó no acusar a la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP) y de esta forma blindarla en el caso ‘Mochasueldos’.
Jorge Flores le exigía a sus trabajadores el 10% de sus sueldos y el 50% de sus bonos. A pesar de existir audios que comprometen al congresista, él insiste en que se trata de audios editados. Su esposa también está involucrada en esta acusación, ella se habría encargado de realizar los apuntes y seguimientos de cada ‘aporte’ de sus trabajadores.
Actualmente el legislador está siendo investigado por el caso y recientemente el Poder Judicial rechazó la tutela de derechos promovida por la defensa legal del congresista.
En abril del 2023 se reveló que la parlamentaria Heidy Juárez habría reducido los salarios de 4 empleados de la Comisión Especial de Cambio Climático para que los montos sean entregados a un intermediario, su asesor, Miguel Chafloque.
En noviembre pasado, el Poder Judicial rechazó un pedido de la congresista de Podemos Perú para que el Ministerio Público concluya con la etapa de investigación en su contra por este caso.
El 25 de enero, el Poder Judicial, a través del juez supremo Juan Checkley, aceptó el pedido de la Fiscalía para levantar el secreto de las cuentas y operaciones realizadas por la congresista entre el 1 de enero al 30 de setiembre del 2022. La medida también incluye a su asesor Miguel Ángel Chafloque.
La congresista de Acción Popular fue acusada de pedirle a sus trabajadores que compren sillas de ruedas y así financiar su llamada “ruta de la solidaridad”. La parlamentaria habría entregado hasta 200 sillas de ruedas a personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, en diciembre del 2023, la Comisión de Ética declaró la denuncia infundada la denuncia contra la congresista, disponiendo su archivo.
Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República, también se vio envuelto en este caso debido a que sus trabajadores habrían pagado con su sueldo la publicidad en redes sociales para mejorar su imagen, un aporte supuestamente voluntario.
Posteriormente, la Comisión de Ética decidió abrir una investigación en su contra debido a un proceso penal por el presunto delito de estafa, dejando de lado otras acusaciones contra el legislador como el caso de recorte de sueldos a sus trabajadores y presunto nepotismo.
Finalmente, en diciembre pasado se llegó a blindar al congresista de Alianza para el Progreso.
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