La Comisión Permanente del Congreso de la República evaluará mañana el informe final de la subcomisión creada para evaluar el nombramiento del abogado Pedro Cartolin como el nuevo contralor general en reemplazo de Nelson Shack, cuya gestión terminará en junio próximo luego de siete años en el cargo.
El documento, que es el único punto en la agenda, será sometido a consideración de los 29 integrantes de este órgano del Parlamento. Allí es que deberán ratificar o no la recomendación de que Cartolin Pastor sea el elegido como titular de la Contraloría para que pase a la última instancia que es el Pleno que sesionará este miércoles, jueves y viernes.
Cabe recordar que ayer hubo un resultado muy ajustado para que la postulación de Cartolin sea viable. Y es que al final hubo un empate de cuatro votos a favor y similar cantidad en contra. El parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) tuvo que dirimir en su calidad de titular de la subcomisión.
Entre las bancadas que se opusieron a la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte estuvieron Fuerza Popular, Acción Popular, Cambio Democrático y Avanza País.
Ayer, Latina Noticias dio cuenta que el abogado Pedro Cartolin resolvió favor de una demanda de amparo presentada por el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, para anular la sentencia decretada por el Juzgado de Familia de Lima que fijó en 90 mil soles la pensión alimenticia a favor de su último hijo.
Cartolin, en su calidad de miembro de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Lima, fue el ponente de la causa de Acuña Peralta. Allí es que recomendó que se revoque la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada Civil de Trujillo que declaró infundado el recurso de apelación del líder de APP.
Además, el tribunal supremo ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento porque el juez de Familia de Lima “no terminó de construir válidamente el razonamiento” para aumentar la pensión de 30 mil a 90 soles para Acuña, y tampoco argumentó por qué la demandante Jenny Gutiérrez debía estar eximida de aportar económicamente.
En esa línea, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Lima llegó a la conclusión que se vulneró el derecho constitucional de Acuña a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que se ordenó la nulidad de la sentencia que se registró en su contra.
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