Condenados por flagrancia podrían recibir penas desde 2 días de cárcel hasta cadena perpetua
A partir del 12 de junio, el Perú pondrá en marcha el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que permitirá procesar con mayor rapidez y severidad a personas detenidas en flagrancia. Según el juez Carlos Zavaleta Grández, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las penas podrán ir desde dos días de cárcel hasta 35 años o cadena perpetua, dependiendo del delito.
Este sistema se basa en la Ley n.° 32348, que busca agilizar la respuesta del Estado ante delitos cometidos en flagrancia, es decir, cuando el delincuente es sorprendido cometiendo el crimen.
Zavaleta aclaró que las unidades de flagrancia no solo juzgarán delitos menores, sino también casos complejos como feminicidio, homicidio calificado y robo agravado. No obstante, estarán excluidos los delitos de crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios.
“La norma establece claramente que las unidades de flagrancia tienen competencia en todos los delitos, salvo los ya mencionados”, indicó el magistrado.
Además, si el fiscal requiere más tiempo para reunir pruebas, podrá solicitar prisión preventiva y continuar el proceso bajo la modalidad común, aunque con plazos más cortos. “Un caso que en el sistema común puede durar dos o tres años, aquí podría resolverse en un mes”, precisó.
CONSEJO NACIONAL SE INSTALARÁ EL 12 DE JUNIO
Zavaleta anunció que el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva se instalará oficialmente el 12 de junio, con la participación de todas las instituciones involucradas: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, INPE, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía.
Además, se están elaborando protocolos de actuación interinstitucional para que cada entidad actúe de forma coordinada en este nuevo sistema. La ley también dispone un plazo de 90 días para aprobar su reglamento, actualmente en elaboración.
Finalmente, el juez exhortó a los gobiernos regionales y locales a facilitar inmuebles para implementar sedes de flagrancia en zonas con alta criminalidad. “La lucha contra la inseguridad no es solo tarea del Poder Judicial, sino de todo el sistema de justicia”, concluyó.