Congreso acumuló más de 2.300 licencias en un año: la mayoría por “temas personales”
Una revisión realizada por Latina Noticias a las actas del Consejo Directivo del Congreso, correspondientes al periodo agosto de 2024 – agosto de 2025, reveló que los parlamentarios solicitaron 2.394 licencias para ausentarse de sus labores. La mayoría fue aprobada sin mayor cuestionamiento.
Del total, 598 licencias se sustentaron por motivos de salud. Entre citas médicas e internamientos, los congresistas dejaron de trabajar 962 días por este concepto.
Sin embargo, el mayor volumen corresponde a las licencias personales y por representación: 1.123 solicitudes. De ellas, 479 fueron avaladas por el Consejo Directivo con una justificación mínima: “temas personales”. Este beneficio permite a los legisladores ausentarse entre 15 y 36 días al año sin detallar motivos, algo que no está al alcance de la mayoría de peruanos.
El informe también identificó 65 licencias por problemas de conectividad, pese a que el Congreso invierte millones en la contratación de celulares y planes de datos para sus miembros. Varias de esas solicitudes fueron presentadas por parlamentarios con representación en Lima, la región con mejor cobertura del país.
AQUÍ NO PASÓ NADA
Aunque las licencias personales podrían gestionarse sin goce de haber, esto casi no ocurre. De las 2.394 solicitudes registradas, solo 112 fueron tramitadas bajo esa modalidad.
El exoficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, explicó que los legisladores no están obligados a solicitar licencia sin remuneración, salvo en casos vinculados a actividades proselitistas. “El sin goce de haber tiene que ser tácito, no expreso”, señaló.
Pese a las cifras, en los últimos años no se han implementado cambios significativos para fortalecer la fiscalización de este mecanismo. Consultado por Latina Noticias, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, sostuvo: “Cada congresista asume su labor como corresponda. Si no es irregular, si no va contra lo formal, no hay nada que ver”.
El elevado número de licencias y la falta de controles estrictos vuelve a poner en debate la necesidad de revisar el reglamento parlamentario y garantizar un uso responsable de este beneficio.