Congreso: plantean retorno de los jueces sin rostro para juzgar a organizaciones criminales
En medio del avance del crimen organizado y las crecientes amenazas contra magistrados, la congresista Patricia Juárez anunció que presentará un proyecto de ley para restablecer el sistema de jueces sin rostro en procesos vinculados a organizaciones criminales, sicariato y extorsión.
La parlamentaria explicó que la iniciativa busca garantizar la seguridad de jueces y fiscales, quienes actualmente se encuentran expuestos a presiones y amedrentamientos por parte de bandas delictivas. Según adelantó, la propuesta contempla el uso de herramientas digitales que permitirán desarrollar audiencias y resolver casos sin revelar la identidad de los magistrados.
Juárez recordó, además, el caso de la fiscal provincial Margarita Haro Pinto, de San Juan de Lurigancho, quien denunció haber sido extorsionada por la organización criminal conocida como “Los Chukys de Juan Pablo II”. Señaló que esta situación no es aislada: autoridades del Ministerio Público le informaron que al menos 80 fiscales se encuentran actualmente bajo amenaza.
La parlamentaria afirmó que el retorno de los jueces con identidad protegida sería una respuesta inmediata para salvaguardar la vida de quienes enfrentan directamente al crimen y garantizar que los procesos judiciales no se paralicen por temor a represalias.
SE OPONE AL PROYECTO DE LEY
Braulio Andrade, jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, declaró que la institución no respalda el retorno de los jueces con identidad reservada. Explicó que este mecanismo generó serios cuestionamientos durante su aplicación pasada y que su reinstauración sería incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Perú, al restringir garantías fundamentales, como el derecho a la defensa.
No obstante, Andrade reconoció la necesidad de fortalecer la seguridad de quienes administran justicia y planteó alternativas complementarias, como concentrar los procesos en sedes especiales, lo que —según indicó— permitiría mejorar el resguardo y reducir la exposición de jueces y fiscales que participan en casos de alto riesgo.