Latina Noticias accedió a la carta que Cosco Shipping envió al ministro de Economía denunciando trato "injusto" de autoridades peruanas.
Por Rodrigo Chillitupa | bchillitupa@latina.pe
Cosco Shipping envió el 16 de abril pasado una carta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el fin de informar que le daban un plazo de 6 meses al Estado peruano para negociar y resolver la controversia generada en torno a la exclusividad para operar en el megapuerto de Chancay, que comenzará sus funciones en noviembre de este año, la misma que ha sido solicitada que se revoque ante el Poder Judicial, a fin de evitar un procedimiento de arbitraje internacional.
«El ánimo de que, en el periodo de negociación de seis meses que se abre con la presente, las partes puedan en conjunto encontrar una vía de resolución amigable a la controversia que evite el inicio de un procedimiento arbitral internacional y, sobre todo, que evite la desaceleración de la Inversión en el Puerto de Chancay, perjudicándose gravemente una de las mayores inversiones extranjeras en la infraestructura portuaria peruana», se lee en el documento al que Latina Noticias accedió.
Además, el consorcio de origen chino y peruano consideró en la misiva derivada al titular del MEF, José Arista, que han recibido un trato «manifiestamente injusto e inequitativo» por parte del Ministerio de Transportes, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y la Autoridad Portuaria Nacional.
Enfatizaron que se ha comunicado con el Gobierno en múltiples ocasiones para, por diversos
canales, poner en conocimiento de las autoridades competentes las gravísimas consecuencias
económicas que provocaría que se le revoque los derechos a prestar los servicios de manera exclusiva en Chancay.
De otro lado, Cosco Shipping cuestionó que se quiera solicitar la nulidad del artículo 2 del acuerdo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del 10 de febrero del 2021 en el que se le concedió la exclusividad para operar en Chancay al mencionar que así se vulnera el artículo 132 del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, donde se refieren directamente al principio de trato justo y equitativo.
«La conducta del Estado Peruano es absolutamente inconsistente porque pretende dejar sin efecto una decisión libre y voluntariamente adoptada hace tres (3) años, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno vigente, según se advierte de los propios considerandos y documentos sustentatorios de la Resolución de Acuerdo de Directorio No. 0008-2021-APNDIR», se menciona.
De otro lado, el consorcio chino sostiene que la inversión de casi USD 1300 millones para la primera etapa de la construcción del megapuerto de Chancay sería imposible de recuperar y mencionaron que la Ley del Sistema Portuario Nacional sostiene en su artículo 11 que «un privado que se compromete a invertir en un terminal portuario de titularidad pública tiene derecho a su operación exclusiva».
Finalmente, cuestionaron a Ositran porque concluyeron que se busca que Cosco sea considerada como una “entidad prestadora” sujeta a regulación y sea obligada a celebrar contratos con terceros que deseen
realizar operaciones en un puerto privado.
En medio de la revelación de esta carta de Cosco Shipping al MEF con la advertencia de que podría llevar al Estado peruano a un arbitraje internacional si no se resolvía la controversia por la exclusividad para operar en Chancay, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, consideró que la reciente modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional, en primera votación en el Congreso, podría evitar este escenario.
“El proyecto de ley fue aprobado en primera votación, esperamos que esta semana tengamos la segunda votación con la cual el proyecto estaría expedito para ser promulgado y entrar en vigencia, con lo cual se soluciona el problema de la exclusividad”, afirmó.
Sin embargo, el titular del MTC mencionó que si Cosco Shipping o el régimen chino considera pueda abrir nuevos arbitrajes basándose en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, mencionó que la empresa estaría en su derecho de abrir una nueva controversia.
“Nosotros estamos haciendo el trabajo de promulgar la ley si se aprueba el texto planteado [en segunda votación], que nos parece un muy buen texto. La norma ya va a estar en vigencia. Si el Gobierno Chino o la empresa tienen todavía alguna discrepancia que plantear luego de aprobada la ley, están en su derecho y contestaremos en esa vía cuando lo plantee”, indicó.
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