Eduardo Salhuana: «Rechazo estar vinculado a la actividad ilegal»

La designación de Eduardo Salhuana como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso ha despertado dudas y cuestionamientos debido a sus vínculos con la minería ilegal. El congresista de Alianza para el Progreso se pronunció al respecto y mencionó lo siguiente: «Rechazo categóricamente estar vinculado a la actividad ilegal».

Luego de ser elegido el sucesor de Alejandro Soto, Salhuana refirió que «para evitar especulaciones, hago saber que el año que ejerza la presidencia no presentaré ninguna iniciativa referida a dicho sector económico”, anunció.

“Nuestra tarea será acercar el Congreso e la República a la población, estar con las organizaciones sociales, gremiales, profesionales y empresariales de todo nivel, de mantener sus puertas abiertas. Que el pueblo sepa que las puertas de su casa, que es el Parlamento, no se cierra nunca a su propio dueño, que es el pueblo”, agregó.

MINERO INFORMAL VINCULADO A CONGRESISTA SALHUANA

Herasmo Mestas, un minero de Madre de Dios, ha presentado una denuncia contra un congresista y una asesora de su despacho por un patrocinio que considera irregular a otro minero. Esta es la trama de los intereses de Salhuana.

La historia se gesta en una concesión minera que lleva el nombre de Herasmo Mestas. Aquí, Mestas tiene su REINFO, un registro que lo valida como minero en proceso de formalización. Sin embargo, en el año 2020, otro minero, Eloy Saxi, obtuvo un REINFO en el mismo lugar, generando el conflicto inicial.

Según Mestas, Saxi tramitó su REINFO antes de iniciar actividades mineras, lo que plantea serias dudas sobre su intención de formalizarse y trabajar honestamente. Mestas solicitó a la autoridad regional que excluyeran a Saxi del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo cual inicialmente logró, pero luego la decisión fue revertida con la asesoría legal de Eduardo Salhuana, congresista por el partido Alianza para el Progreso.

LOS INTERESES DE SALHUANA

Salhuana, conocido por su activismo en la promoción de normas cuestionadas sobre la minería, brindó asesoramiento legal a Saxi en este proceso, como lo evidencian documentos obtenidos por la Unidad de Investigación de Latina Noticias. Sin embargo, Salhuana afirma que abandonó el caso antes de asumir su cargo como congresista, aunque las fechas y evidencias indican lo contrario.

La asesora de Salhuana, Saby Meza, quien también representó a Saxi en una audiencia, niega cualquier conflicto de intereses y sostiene que su trabajo fue puntual y basado en la normativa legal. Sin embargo, la relación entre Saxi, Salhuana y Meza plantea interrogantes sobre posibles vínculos y favores políticos en el ámbito minero.

El caso cobra mayor relevancia ante la aprobación de proyectos de ley que benefician a mineros en proceso de formalización, como el decreto legislativo 1607. Esta medida, que levanta restricciones a mineros con REINFO suspendidos, ha sido celebrada por Salhuana y sus seguidores, mientras que críticos advierten sobre el riesgo de fortalecer la minería ilegal.

En medio de este escenario, la denuncia de Mestas ha llegado a la Comisión de Ética del Congreso.

Un minero de Madre de Dios denuncia que el congresista Salhuana y su asesora habrían patrocinado irregularmente a un minero en proceso de formalización. Salhuana también está involucrado en la aprobación de leyes controversiales sobre minería ilegal.

MINERÍA ILEGAL: ASÍ SE DEFENDIÓ EL CONGRESISTA Y SU ASESORA

«El caso se vio en Puerto Maldonado, en la Dirección Regional de Energía y Minas. Luego en la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional», respondió Salhuana a Punto Final. El congresista precisó que en ambas instancias su patrocinado ganó el caso dentro del ámbito de Madre de Dios. «En abril fueron las elecciones y ya dejé el caso en la campaña electoral», agregó.

Sin embargo, en el reportaje se alertó que Salhuana firmó unos documentos como abogado de Saxi Arapa, el 7 de junio de 2021, cuando ya era congresista electo por Madre de Dios.

Asimismo, para Saby Meza no hubo un conflicto de intereses en defender a su patrocinado. «¿Quién tiene que cometerlo (un conflicto de intereses)? El servidor civil o servidor público, y yo no soy una servidora civil, ni soy una servidora pública, no soy una funcionaria, soy una trabajadora de confianza», aseguró.

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