Fábrica de firmas: ¿qué pasará con los partidos políticos que han falsificado rúbricas?
El escándalo de las firmas falsas para inscribir partidos políticos ha encendido las alarmas, pero en términos legales, las organizaciones políticas no enfrentarán sanciones penales. Así lo advierte el abogado José Naupari, especialista en temas electorales, quien explica que la responsabilidad recaería únicamente sobre los personeros, secretarios u otros representantes individuales.
Felipe Paredes, director del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reveló que hasta la fecha se han presentado 40 denuncias contra agrupaciones políticas, de las cuales 30 ya fueron admitidas por el Ministerio Público y 10 están en proceso de calificación.
Según se ha podido conocer, algunas organizaciones criminales estarían detrás de estos fraudes, contratando personas con acceso a bases de datos ciudadanas para trasladar esta información a las fichas de inscripción partidaria, alterando así la voluntad popular.
El abogado José Naupari, especialista en temas electorales, precisó que, desde el punto de vista formal, la nulidad de un proceso de inscripción solo podría darse si el número de firmas falsas hace que se incumpla el mínimo exigido por ley. “Si no es así, no se declararía la nulidad. Y aunque se compruebe un delito, los partidos no serían sancionados penalmente porque las personas jurídicas no delinquen”, explicó en Latina Noticias Matinal.
Naupari también recordó que el Congreso excluyó expresamente a los partidos políticos de las consecuencias penales graves que podrían derivarse de los delitos cometidos por sus miembros. “A lo mucho, podrían recibir una sanción económica“, añadió.
Uno de los casos más recientes involucra al partido “Primero La Gente”, que logró su inscripción ante el JNE pese a presentar más de 4,000 firmas falsas. Un reportaje realizado por Punto Final reveló la existencia de una presunta “fábrica de firmas” que falsificaba rúbricas obteniendo datos de los ciudadanos del Reniec.
Según la investigación, el proceso de fraude consistía en copiar datos personales a las fichas de afiliación de los partidos políticos que contrataran el servicio, replicando firmas de manera fraudulenta. A pesar de la gravedad del caso, las consecuencias más severas no recaerán sobre las organizaciones políticas, sino sobre los individuos que participaron en la falsificación.