Fiscalía pide cadena perpetua contra hermanos Quispe Palomino por atentados en el Vraem
La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal superior Andrés Ángel Montoya Mendoza, presentó acusación y solicitó la pena de cadena perpetua contra Víctor Quispe Palomino (c) “José” y Jorge Quispe Palomino (c) “Raúl”. La medida responde a la labor como cabecillas que ejercieron en la organización subversiva Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre los años 2002 y 2018.
La misma máxima sanción de cadena perpetua fue requerida contra otros integrantes del Comité Central de la cúpula terrorista, identificados como Tarcela Loya (c) “Olga”, Teodoro Benites (c) “Dino” y Eleachin Huamán (c) “Julio Pucañahui”. Asimismo, el Ministerio Público solicitó penas de entre 25 y 30 años de prisión efectiva por el delito de terrorismo agravado contra Alexander Alarcón (c) “Renan”, Joel Chirote (c) “Roberto” y Franklin Tello (c) “Lucio”, requiriéndose además el pago de S/ 38.5 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Según la investigación fiscal, los hermanos Quispe Palomino integraron Sendero Luminoso en décadas anteriores y, a inicios de los años 2000, fundaron el movimiento terrorista MPCP para dirigir sus acciones en el Vraem. El documento fiscal acusatorio supera las 2,000 páginas, acumula 74 expedientes y documenta un total de 124 hechos delictivos perpetrados por la agrupación remanente.
HECHOS ATRIBUIDOS A LOS INVESTIGADOS
Entre los casos más graves atribuidos a la red figura la emboscada cometida en 2003 contra la patrulla de Comandos N.° 19 del Ejército y la Marina, que dejó siete fallecidos, y el ataque a la base de la DINOES en Ayacucho en 2009, con cinco muertos, entre ellos dos civiles. También se incluye el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem en 2012 y el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional ese mismo año, acción en la que falleció la mayor Nancy Flores Paucar.
Los cargos de la acusación abarcan participaciones individuales, autoría mediata y la dirección de múltiples atentados contra bases militares, efectivos de las Fuerzas Armadas, miembros de la PNP y comunidades nativas. Las acciones investigadas por los órganos jurisdiccionales se ejecutaron en las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.
Asimismo, el expediente detalla la práctica sistemática del secuestro de hombres, mujeres y niños —denominados “pioneritos”—, quienes eran retenidos en los campamentos terroristas para ser sometidos a explotación y adoctrinamiento e incorporados directamente como combatientes.
Finalmente, con la presentación de este documento, el Ministerio Público reafirmó su compromiso institucional de luchar contra el terrorismo, buscar justicia para las víctimas civiles, policiales y militares, y garantizar la defensa del orden democrático y la seguridad a nivel nacional.