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Siete meses después del reportaje de Punto Final, en el que un extrabajador de la congresista María Cordero Jon Tay mostraba chats y audios con un intermediario (Braden Paredes Calla), y audios de la propia legisladora con exigentes pedidos que la revelan como una ‘Mochasueldo’, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional por cohecho pasivo y concusión, por pedir dinero al referido extrabajador.

Pero, ¿qué es una denuncia constitucional? Todo tiene que ver con un beneficio del que gozan las altas autoridades, indicó el abogado penalista Luis Lamas Puccio.

“Ella es una persona que tiene labor parlamentaria. De acuerdo a la Constitución Política, disfruta de una serie de prerrogativas, como es la inmunidad. La propia Constitución y los reglamentos respectivos establecen excepciones, cuando se trata de la comisión de hechos calificados como delitos. Es lo que se denomina el antejuicio. Un proceso para que sea el Pleno del Congreso el que decida, efectivamente, levantarle la inmunidad parlamentaria, y que pueda ser sometida a un juicio o una investigación penal en igualdad de condiciones a cualquier ciudadano”, remarcó el especialista.

De acuerdo a lo declarado por un aspirante a colaborador eficaz al Ministerio Público respecto de la congresista María Cordero Jon Tay, que es parte de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ante el Congreso de la República, en la primera semana del año 2022, la parlamentaria le habría preguntado a Braden Paredes Calla si conocía a alguien para que cubra el perfil de asesor en su despacho congresal y que se encuentre dispuesto a “colaborar”, es decir, que esté dispuesto a entregarle parte de su sueldo.

Demás está decir que esta decisión fiscal podría poner en un escenario más que complicado a la congresista María Cordero Jon Tay.

Cabe precisar que en el reportaje de Punto Final de hace siete meses, el extrabajador Rafael Cabrejos fue quien denunció que se le recortaba la mitad de sus ingresos, a través del señalado como intermediario, Branden Paredes.

Precisamente, la denuncia constitucional de la Fiscalía incluye chats, en los que el denunciante envía a Paredes capturas de su registro bancario, para poder calcular el monto a pagar, que era el 50% de su sueldo.

MÁS DETALLES DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA CONGRESISTA MARÍA CORDERO JON TAY

La denuncia constitucional de la Fiscalía también recoge la declaración de un aspirante a la colaboración eficaz, que señaló: “Cuando Paredes Calla entrega el CV de Rafael Cabrejos Vela a la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay, ella le manifiesta que el trato es: que sigue siendo el sueldo de asesor de aproximadamente S/ 10,500, y que le proponga al Sr. Cabrejos Vela entregarle a ella el 50% de su sueldo”.

Punto Final reveló extractos de los audios presentados por el extrabajador Rafael Paredes a la Fiscalía, audios con frases lamentables y exigencias amenazantes. Las transcripciones de estos también son un elemento clave de la denuncia constitucional del Ministerio Público. Dos de estos audios son los siguientes:

• “Haces una respuesta, un grito, nomás alzas la voz, sales inmediatamente. No haces eso, sigues, terminas hasta que yo termine en función, cuatro años más. Si tú te portas mal, sales al día siguiente, así que muérdete la lengua y tienes los cuatro años seguidos para que trabajes”.
• “Yo también tengo cuentas, yo también debo, para la campaña yo he empeñado hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todas están empeñadas, tengo que sacarlas. ¿Acaso tú me has ayudado? Yo he gastado más de 300 mil dólares para la campaña y ¿cómo crees tú? Vendí mi carro, mis alhajas las empeñé, un terreno que tenía por ahí también lo tuve que vender, una moto que tenía por ahí olvidada, también la tuve que vender. Me he quedado sin nada. ¿Cómo recupero mis cosas?, ¿cómo recupero con la ayuda de la gente que me pide y me pide?”.

LA DEFENSA DE LA CONGRESISTA MARÍA CORDERO JON TAY

Elio Riera, abogado de la congresista María Cordero, hizo saber de su sorpresa por la decisión tomada por la Fiscalía de la Nación de presentar una denuncia constitucional contra su defendida.

“Nos encontramos un poco sorprendidos por esta denuncia constitucional. Hubiera sido pertinente que se respeten los plazos del Ministerio Público a fin de que la defensa pueda continuar con actos de defensa y descargo. Está dentro del plazo, pero correspondía presentar los actos que pueda demostrar nuestra defensa, para que finalmente la Fiscalía pueda emitir un pronunciamiento final”, remarcó.

Y sobre el tema de fondo de la denuncia, el abogado manifestó: “Es importante tomar en cuenta los informes periciales que se han presentado, que permiten determinar, a entender de nosotros, que estos audios no provienen de fuente original, no existe continuidad, trazabilidad. Lo que se ha presentado como tal tiene observaciones por nuestros peritos de parte”.

Lo cierto es que el Ministerio Público dispuso la evaluación de tres peritos, un físico, un electrónico y un lingüista, pero la congresista María Cordero ha faltado reiteradamente a las citaciones para la toma de muestra de voz.

Como se recuerda, la propia congresista, en su carta de renuncia al partido Fuerza Popular, opinó, sobre sus audios, que eran conversaciones obtenidas fuera de contexto.

SE COMPLICA SITUACIÓN DE MARÍA CORDERO, PERO EL CONGRESO TIENE LA PALABRA

Además de audios y conversaciones, es importante lo que dijo el señalado como intermediario, Braden Paredes, ante el Congreso de la República, donde fue objeto de un proceso disciplinario tras la denuncia de Punto Final.

“He sido inducido al error. Es verdad, la propuesta no la hice yo, la hizo la congresista. Ha sido mi jefa. Entonces actué de esa manera. No puedo calificar cómo es esa situación legalmente, ya que no soy abogado”, mencionó Braden Paredes ante el Congreso.

Por su parte, Rafael Cabrejos denunció que el recorte de sueldo empeoró, situación que coincide con lo declarado por el aspirante a colaborador.

“En septiembre de 2022, Cabrejos Vela habría mostrado su disconformidad a Paredes Calla para continuar trabajando en la Comisión Especial Multipartidaria Puyango Tumbes, por los malos tratos que recibía de la congresista Jon Tay, solicitándole que negocie el acuerdo. Sin embargo, la congresista habría realizado nuevas exigencias a Paredes Calla, obligándolo a quedarse solamente con la suma de S/ 2,000, en tanto que ella se quedaría con el resto del dinero”, indicó.

Toda esta suma de elementos complican la posición de la parlamentaria. No obstante, en el Congreso de la República aún están pendientes procesos en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que podrían terminar solo en sanciones administrativas.

Por ejemplo, la denuncia contra la congresista María Cordero presentada por la legisladora Martha Moyano podría determinar, a lo sumo, una destitución e inhabilitación, un trámite diferente a lo que busca la Fiscalía de la Nación.

“El objetivo más importante que persigue el Ministerio Público es que le levanten la inmunidad para que pueda ser procesada, juzgada, y eventualmente condenada”, indicó el abogado penalista Luis Lamas Puccio.

Ahora el Congreso deberá decidir si permite a la Fiscalía continuar con la investigación, que está todavía en etapa preliminar.

Este el primer caso reciente de una congresista, acusada de ‘mochasueldo’, en el que la Fiscalía de la Nación presenta una denuncia constitucional. Se trata de un precedente importante para otros casos pendientes. La pelota ahora está en la cancha de los congresistas y de la voluntad política para permitir al Ministerio Público hacer su trabajo.

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