Fredy Hinojosa no podrá salir del país: Ministerio Público confirma impedimento en su contra por 6 meses

Como se recuerda, Punto Final reveló que el portavoz de la jefa de Estado es uno de los investigados en el caso Qali Warma.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Ministerio Público anunció que la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima confirmó el impedimento de salida del país por seis meses contra Fredy Hinojosa luego que de la apelación que realizó el investigado.

Como se recuerda, una investigación de Punto Final reveló que el portavoz de la jefa de Estado es uno de los investigados en el caso Qali Warma, el cual distribuyó conservas en mal estado a niños y niñas del país.

En el mensaje del Ministerio Público se detalló que Hinojosa es investigado por la presunta comisión del delito de organización criminal con fines de colusión agravada, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

«Segunda Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima consiguió que se confirme el impedimento de salida del país por seis meses contra Fredy Hinojosa, quien pertenecería a la organización criminal que comercializaba irregularmente conservas Don Simón para el programa Qali Warma», se lee en el mensaje.

HINOJOSA DIRIGÍA QALI WARMA BAJO LA GESTIÓN DE DINA BOLUARTE COMO MINISTRA

El caso de corrupción vinculado a Frigoinca, fabricante del producto Don Simón, ha escalado hasta las puertas del Palacio de Gobierno. Este escándalo, que involucra a funcionarios de alto rango, surge a raíz de sobornos pagados para favorecer la distribución del producto en el programa social Qali Warma. Mientras el ministro Julio Demartini logró esquivar una censura en el Congreso, el vocero presidencial y exdirector ejecutivo de Qali Warma, Freddy Hinojosa Angulo, recibió una notificación fiscal en calidad de investigado, lo que amplía la magnitud de las irregularidades.

Hinojosa dirigió Qali Warma durante la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, periodo en el que Frigoinca experimentó un notable crecimiento. Este crecimiento coincidió con el pago de sobornos para asegurar contratos millonarios. Por su parte, la Fiscalía también investiga a Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca, señalado como la figura clave detrás de las operaciones ilegales. Aunque no figura formalmente como propietario, documentos y testimonios lo vinculan directamente con la estructura corrupta de la empresa.

Nilo Burga, un empresario con antecedentes de investigaciones por lavado de activos, lidera un esquema que incluye empresas fachada y operaciones fraudulentas para evadir impuestos y financiar actividades ilícitas. La Policía Nacional identificó propiedades y vehículos adquiridos de manera sospechosa, además de vínculos con funcionarios clave como Delia Zavaleta Garay, gerente general de Frigoinca, quien figura en chats relacionados con el pago de sobornos. Estos pagos incluyeron transferencias a funcionarios de DIGESA, responsables de aprobar productos como la conserva Don Simón, que intoxicó a escolares en varias regiones.

El perfil de Burga no se limita al ámbito empresarial. Como aprista de larga data, ha recibido reconocimientos de figuras prominentes del partido, incluido Omar Quesada. Estas conexiones políticas, que incluyen reuniones con líderes apristas y expresiones públicas de apoyo al partido, ponen en duda la imparcialidad de su trayectoria. Hinojosa, también vinculado al APRA hasta 2021, asegura no tener relación alguna con Burga ni Frigoinca, aunque sus caminos parecen haber coincidido en las altas esferas del poder.

La Fiscalía ha iniciado diligencias para desentrañar la red de corrupción revelada por Latina Noticias. Con documentos que vinculan a Frigoinca con el pago de sobornos y funcionarios como Hinojosa bajo la lupa, este caso promete destapar más irregularidades. Mientras tanto, las repercusiones políticas y sociales siguen creciendo, afectando no solo la credibilidad del programa Qali Warma, sino también la imagen del Gobierno. La justicia tiene ahora la tarea de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.