Gobierno activa reorganización de Petroperú y transfiere su gestión integral a Proinversión
El Poder Ejecutivo oficializó un decreto de urgencia orientado a reestructurar integralmente a Petroperú y preservar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional.
Se trata del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, que introduce un esquema de reorganización patrimonial mediante la separación de activos en unidades independientes. Este proceso podría incluir instalaciones clave como la Nueva Refinería Talara.
REORGANIZACIÓN PATRIMONIAL Y PARTICIPACIÓN DE PROINVERSIÓN
La norma encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) la conducción total del proceso, desde la estructuración del plan hasta su ejecución. La entidad asumirá esta función bajo principios técnicos, con criterios de transparencia y eficiencia, según precisa el decreto.
Entre sus atribuciones se encuentra la administración de los derechos económicos y políticos de las acciones, la posibilidad de transferir activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para la gestión, operación y mantenimiento de los nuevos bloques patrimoniales.
CRISIS FINANCIERA Y DEPENDENCIA DEL RESPALDO ESTATAL
El decreto reconoce que Petroperú enfrenta una crisis estructural de solvencia, caracterizada por la falta de liquidez para cumplir con sus compromisos inmediatos sin apoyo del Estado. Esta situación se explica por pérdidas operativas acumuladas y una progresiva reducción de sus líneas de financiamiento.
Tras la publicación de la norma, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) detalló que la empresa registra pérdidas netas acumuladas de S/ 1,611 millones a octubre de 2025, además de deudas con proveedores que superan los S/ 2,569 millones a diciembre del mismo año.
El sector recordó también que, entre 2022 y 2024, el Estado destinó S/ 17,888 millones en apoyo financiero a Petroperú, una cifra que excede los presupuestos anuales de sectores clave como Salud y Educación.
RECURSOS PARA EJECUTAR LA REORGANIZACIÓN
Para cumplir con las nuevas responsabilidades asignadas, el decreto autoriza un financiamiento de hasta S/ 144 millones a favor de Proinversión durante el año 2026. Estos recursos permitirán ejecutar el proceso de reorganización y asegurar que los ingresos generados por los nuevos bloques patrimoniales se destinen prioritariamente al pago de pasivos urgentes y obligaciones financieras.
Asimismo, se habilitan mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad de las actividades vinculadas al transporte, distribución, comercialización y suministro de combustibles.
IMPACTO LABORAL
La norma contempla una transferencia adicional de S/ 240 millones desde el Ministerio de Energía y Minas para financiar la reorganización interna de Petroperú y las medidas relacionadas con su personal. El directorio de la empresa deberá aprobar este plan en un plazo máximo de 30 días hábiles.
El decreto precisa que cualquier ajuste se realizará respetando la legislación laboral vigente y los derechos de los trabajadores. En esa línea, la ministra de Economía, Denisse Miralles, adelantó que el objetivo del Gobierno es implementar una solución estructural y no continuar con inyecciones de recursos destinadas únicamente al pago de deudas.
“Seguir financiando pasivos no es una solución integral”, señaló la titular del MEF, quien además aseguró que se respetarán los beneficios sociales del personal.
ABASTECIMIENTO ASEGURADO Y ALCANCE TERRITORIAL
El Ejecutivo descartó riesgos de desabastecimiento para el consumidor final, especialmente en las regiones del oriente del país. Petroperú actúa principalmente como productor y proveedor mayorista, con alta participación en Loreto (97%) y Ucayali (91%) para grandes clientes.
No obstante, la venta minorista de combustibles es atendida mayoritariamente por el sector privado. En Loreto, solo 11 de 114 estaciones de servicio pertenecen a la red de Petroperú, mientras que en Ucayali son 24 de 181, lo que —según el Gobierno— reduce el riesgo de interrupciones en el suministro.
El decreto de urgencia tendrá una vigencia de un año y estará sujeto a seguimiento permanente por parte del Ejecutivo, con el objetivo de restablecer la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa estatal.