Por Diana Decurt | @DianaDecurt
El 19 de enero se aprobó el proyecto de ley que extiende la edad de jubilación a los 75 años de edad, el cual fue planteado y respaldada por el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el congresista Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, conformado por disidentes de Perú Libre.
De acuerdo al congresista, la iniciativa, que fue debatido en la anterior legislatura, propone que esta extensión de la edad de cese de trabajadores sea voluntaria y previa evaluación médica. Además, negó que este proyecto pueda generar un efecto negativo en los jóvenes.
La realidad es que el proyecto de ley 1505/2021-CR no ha recibido una completa aceptación por parte de instituciones. El 23 de enero, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su firme oposición a la primera aprobación de la iniciativa en el Congreso de la República, pues «limita la rotación de personal».
“De aprobarse este proyecto estaríamos ante un retroceso en el dinamismo del mercado laboral. Preocupa el impacto en la planificación de los recursos humanos y la gestión del desarrollo de los trabajadores. La extensión del límite de edad para el retiro obligatorio aumenta los costos laborales y limita la rotación de personal necesario para la sostenibilidad y productividad en las empresas”, expresó Carlos Posada, director institucional de la CCL.
Para solventar dudas y brindar más información sobre las consecuencias de aprobarse este proyecto, Latina Noticias conversó con el abogado laboralista, Javier Dolorier. Asimismo, el legislador Pasión Dávila y el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, nos brindaron sus posturas.
Para entender a cabalidad lo que implica este proyecto es necesario ser preciso con ciertos términos.no aumentaría el tiempo de jubilación necesario para un trabajador, por ello seguiría manteniéndose en los 65 años y 30 años de aportaciones,
«Lo que se estaría regulando y extendiendo es el tiempo de edad del trabajador para que opere lo que se denomina la jubilación obligatoria y automática que actualmente es hasta los 70 años. Lo que se establecería es que se extienda hasta los 75 años a solicitud del trabajador y previo a un examen médico y la necesidad de contar con sus servicios», explicó.
No obstante, de acuerdo a Dolorier, este proyecto solo beneficiaría a una pequeña parte de un 20% de trabajadores formales. «El impacto es marginal, es mínimo, esta norma sí beneficiaría a un grupo de trabajadores que quisieran continuar teniendo una remuneración», precisó el especialista.
¿Y eso es lo que debería buscar el Gobierno? Según el especialista, no. Anualmente, ingresan entre 320 y 350.000 jóvenes al mercado laboral, pero solo 75.000 logran conseguir un puesto.
«¿Qué se hace con esos jóvenes? Esa norma bloquea e interfiere con el acceso o recambio generacional necesario. En vez de generar nuevos puestos de trabajo, que sería la obligación de todo Gobierno y del Congreso, tratan de mantener a aquellos que ya tienen trabajo», sentenció.
«Esa norma no genera ningún impacto positivo en el empleo y más bien lo que hace es truncar la posibilidad de los jóvenes de acceder a nuevos puestos de trabajo», agregó.
Pero el congresista Pasión Dávila negó esta información, sin brindar un sustento claro. Latina Noticias conversó con el legislador, quien aprovechó la oportunidad para invitar a expertos a explicar por qué sería contraproducente este proyecto para las nuevas generaciones.
«A esos opinólogos los rechazo rotundamente. Que me demuestren cuántos jóvenes cada año van incorporándose a la ley 276 o a la ley 728 o a la 30003. ¿A qué jóvenes estamos quitando la oportunidad? A nadie», señaló.
«Todos los jóvenes están trabajando en la 1057, ni siquiera tienen una estabilidad laboral y lo peor es que están tercerizados. Que me demuestren con cifras, no encuentro justificación de los que vienen opinando en ese sentido. ¡Qué vergüenza! ¡A nuestro hay que decirles las cosas correctamente!», sostuvo.
Dávila mencionó que entre sus principales razones para sustentar este proyecto de ley, como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, está que los pensionados estén actualmente recibiendo montos que no igual al salario mínimo vital.
«En estos momentos todos los que cesaron tienen un sueldo de S/600, como tope de S/800, entonces los trabajadores que cesan se van a quedar con estos sueldos miserables, nosotros no queremos que continúen así», indicó.
Al respecto, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, explicó a Latina Noticias que el principal enfoque de la organización no está en este proyecto de ley – que no beneficiaría a los trabajadores – sino en una reforma del sistema de pensiones.
«Lamentablemente nuestro sistema de pensiones, debido a las erradas políticas gubernamentales, ya sea en su vertiente pública como en la privada, no garantiza pensiones dignas para los jubilados, por lo que nuestra principal exigencia y preocupación deben dirigirse a impulsar una reforma del sistema de pensiones que amplíe su cobertura, la haga sostenible financieramente y mejore su gobernanza de modo de garantizar pensiones dignas», indicó.
De hecho, López señaló que este proyecto no favorece ni siquiera a los trabajadores mayores de 70 años, debido a que las empresas optarán por contratar mano de obra «joven y barata».
«La decisión sigue estando en manos del empleador que prefiere mano de obra joven y barata, por lo que estimamos que su aplicación será muy limitada», explicó López.
Por ello, Dolorier resaltó la importancia de que el Congreso de la República reúna a representantes de los grupos involucrados en este tema para oír sus diversas opiniones.
«Este proyecto de ley tendría que ser precisada por el Pleno, el cual debería citar a la ONP, a las AFP, a los gremios de empleadores y trabajadores para que expresen su opinión. Lamentablemente no hay un gremio que defienda a los jóvenes trabajadores en situación de informalidad, ellos no tienen quién los defiendan o protejan. Esa voz nunca es oída».
Cabe señalar que, para Dolorier, se estaría imponiendo una relación laboral cuando el trabajador ya no está en aptitud física ni mental de continuar laborando. Además, señala que esta iniciativa estaría impulsada por grupos de interés.
«Esta norma responde a grupos de intereses: grupos sindicales, confederaciones interesadas en mantener puestos de trabajo, no me cabe duda que hay grupos de interés que motivan esa norma. Grupos que quieren continuar laborando manteniendo una relación laboral a costa de los jóvenes que tienen el mismo derecho de conseguir un trabajo formal», lamentó.
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