La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro publicó este sábado un pronunciamiento para manifestar su respaldo al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien rechazó la propuesta de Renovación Popular para declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público a raíz de las últimas declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.
A través de un comunicado publicado en la red social X (ante Twitter), la entidad recordó que la Fiscalía «es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos, así como de velar por la recta administración de justicia y, todos sus representantes debemos ejercitar nuestras acciones y recursos en observancia de dicho mandato constitucional».
«Todos los representantes del Ministerio Público debemos ejercer nuestras funciones de manera independiente, y dicha independencia debe ser garantizada y respetada por todos los poderes del Estado», agregaron.
Por esa razón, la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro reiteró que la iniciativa que se prepara desde el Parlamento pretende «quebrantar el orden constitucional» y «el Estado de Derecho». Anotaron que ratifican su defensa de la legalidad y los derechos humanos.
La propuesta de Renovación Popular -cuyo promotor es el congresista Jorge Montoya– para declarar en emergencia al Ministerio Público se basa en el artículo 102 de la Constitución Política.
En esa línea, se refiere que se dará «el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares al haber perdido la garantía de su permanencia por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función» que están tipificados en los artículos 146 y 158 de la Carta Magna.
Tras darse la vacancia de los fiscales supremos, entonces estos serán reemplazados por «fiscales superiores titulares en orden de antigüedad en el número señalado por ley, hasta que se elijan a sus respectivos titulares».
Con la renovación de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, el siguiente paso es que se evalúe la separación de personal administrativo y fiscal que no sea idóneo. Seguidamente, se procederá a las acciones de reorganización para resolver las problemáticas del Ministerio Público a nivel nacional.
Todas estas acciones de reforma de la Fiscalía tendrían que llevarse a cabo en un plazo de 180 días calendario.
Con la presentación de este proyecto, toca que pase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, cuya presidencia está en manos de la legisladora Janet Rivas (Perú Libre).
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