Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por caso pruebas rápidas de Covid-19
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, como presunto autor del delito de colusión agravada, en contra del Estado.
A través del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, el delito también alcanza a María Antonieta Alva Luperdi y Víctor Marcial Zamora Mesía, en la condición de ministros de Economía y Salud; cuando Vizcarra estaba en el cargo presidencial.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, María Antonieta Alva Luperdi y Víctor Marcial Zamora Mesía como presuntos autores del delito de colusión… pic.twitter.com/KMDKYllh50
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 22, 2025
Los hechos están vinculados al proceso de adquisición de S/1 400 000 en pruebas rápidas, adjudicado a dos personas jurídicas a través de la Compra Directa N.° 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE. Ello, debido a la presunta concertación ilegal de los referidos funcionarios con las empresas, ocurrida a partir de una reunión realizada el 18 de marzo de 2020 en el Ministerio de Economía y Finanzas.
CASOPRUEBAS RÁPIDAS COVID-19
La investigación surgió de la denuncia presentada por la ciudadana Katherine Milagros Ampuero Meza, el 16 de marzo de 2021. El Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, solicitó se inicie diligencias preliminares contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, María Antonieta Alva Luperdi, María Elízabeth Hinostroza Pereyra y Víctor Marcial Zamora Mesía, por la presunta comisión del delito de colusión agravada y alternativamente, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
Dicha denuncia se sustenta en la reunión que se habría realizado en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de marzo de 2020, en la que, según señala la denunciante, se habría concertado con representantes de empresas particulares la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico del Covid-19; así como la emisión de normas en las políticas de salud del Estado, que incluyen el uso de las pruebas rápidas.