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Este jueves 2 de mayo, el Pleno del Parlamento aprobó que los proyectos de ley 7141 y 7188, referidos a la Ley del Sistema Portuario Nacional, pasen a la Comisión de Economía, esto después de que se acepte una cuestión previa. Esta decisión dilata aún más el conflicto relacionado al megapuerto de Chancay.

Recordemos que después de que la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por pedido de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), pidiera anular la exclusividad de los servicios esenciales otorgada en 2021 a Cosco Shipping Ports por el puerto de Chancay, el Congreso de la República se embarcó con un proyecto de ley que resuelva este conflicto.

Hace tres años, la APN otorgó exclusividad a Cosco Shipping Ports. Sin embargo, hace un mes notó un «error administrativo», ya que ellos no estaban facultados. El puerto de Chancay no es una concesión, sino una inversión privada, lo que -a consideración de APN- complicaba la situación, pues la ley no especificaba claramente qué sucedía en el caso de una inversión.

MEGAPUERTO DE CHANCAY: ESTO HIZO EL PARLAMENTO DESDE EL INICIO DEL CONFLICTO

En ese sentido, el Parlamento decidió hacer modificaciones a la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) para incluir este tema. Además, agregó en el texto que las concesiones portuarias podrían prorrogar su período de 30 años por hasta 30 años más.

El pasado 17 de abril, el pleno del Congreso aprobó con 72 votos a favor el texto que modifica artículos de la ley de puertos. Los cambios planteados están relacionados a la exclusividad de los servicios portuarios que se les otorgan a los titulares de puertos privados de uso público.

No obstante, el conflicto entra a una nueva etapa este jueves 2 de mayo con el pase del proyecto de ley a la Comisión de Economía.

Cabe señalar que en noviembre próximo iniciará la operación del puerto de Chancay. A pocos meses de esto, Cosco Shipping envió el 16 de abril una carta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el fin de informar que le daban un plazo de 6 meses al Estado peruano para negociar y resolver la controversia, de lo contrario quedaría con carta libre para iniciar un arbitraje internacional.

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