Ministerio de Vivienda aprueba limitar gastos de caja chica tras denuncia de Punto Final

Luego de que Punto Final ponga al descubierto los gastos injustificados por alimentación de la caja chica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), dicha cartera aprobó mecanismos para limitar el uso de los recursos públicos. A partir de ahora, todo estará justificado con un gasto máximo por persona en cada reunión de trabajo.

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMARON?

A través de la Directiva de Órgano N.° 001-2020-VIVIENDA/SG-OGA, denominada como «Normas y Procedimientos para la Administración del Fondo para la Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001; Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento», establece que «solo se considerará como gastos atendibles con cargo al fondo el consumo de alimentos (refrigerios) para reuniones de trabajo y/o labores por necesidad de servicio«.

En consecuencia, la resolución establece límites en el gasto del Despacho Ministerial en las reuniones de trabajo que justifiquen la adquisición de alimentos. El coffee break tendrá un costo de S/ 7.50 y el refrigerio S/ 28, ambos por persona, los cuales deberán ser sustentados y aprobados por un superior.

GASTOS DE LA CAJA CHICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA EN ALMUERZOS, DESAYUNOS Y MÁS

La Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final han identificado gastos de comida de caja chica en el despacho ministerial de la cartera de Vivienda. Y es que entre enero y abril de este año, el despacho ministerial de Pérez de Cuéllar gastó un aproximado de 1300 soles (S/ 1,288.80) en total, en 7 almuerzos para llevar de este restaurante, el Chifa Palacio, ubicado en San Isidro, muy cerca a la sede de la entidad nacional.

Dentro de los gastos vemos consumo de almuerzos, postres y hasta suplementos alimenticios adquiridos con el dinero de la caja chica de esta entidad. La abogada de derecho administrativo, Cecilia Ruiz explicó que la caja chica de un ministerio está integrada por fondos públicos, dinero en efectivo que administra determinados servidores del Estado para cubrir gastos que necesita la administración pública.