Su hermana también lo denunció por agresión: alto funcionario de Vivienda no se le puede acercar

Por Rodrigo Chillitupa 

Latina Noticias reveló que Juan Pablo Aranibar Osorio, un alto funcionario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registra denuncias policiales por agredir física y psicológicamente a su esposa. Sin embargo, una denuncia incluso más compleja involucra ahora a su hermana.

Este medio accedió a una resolución del Décimo Tercer Juzgado de Familia de Lima, del 4 de diciembre del 2023, en el que se dictan medidas de protección a favor de Ann Aranibar Osorio para que su hermano Juan Pablo y su esposa , prohibiéndoles «acercarse a ella a menos de tres (03) metros de distancia dentro del inmueble familiar y a menos de cien (100) metros de distancia fuera de él, sea en lugar público o privado en espacio abierto o cerrado».

Asimismo, según la resolución a la que accedió este medio, se ordena que ella no debe ser «maltratada ni física, ni psicológicamente, ni patrimonialmente; ni agredida, ni amenazada, ni coaccionada, ni intimidada, ni perseguida, ni hostilizada, ni acosada, ni humillada por los denunciados, bajo apercibimiento de ordenar su retiro del domicilio familiar, sin perjuicio de la denuncia penal».

Igualmente, ordenó que la pareja lleve una terapia psicológica en un centro de salud.

Medidas similares fueron otorgadas a la esposa del funcionario del Ministerio de Vivienda.

La grave denuncia data del 16 de enero de este año, cuando se cursó un oficio al jefe del centro de salud de San Borja para que Aranibar y su pareja sean sometidos de manera individual y a la brevedad posible a una evaluación y posterior terapia psicológica.

Ante el fallo, Aranibar presentó un recurso de apelación ante PJ que le fue concedido y se trasladó el expediente a la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima a fin de que emita un dictamen correspondiente de este caso relacionado al episodio de violencia con su hermana. Además, se fijó una audiencia para el 9 de agosto de este 2024.

CASO DE VIOLENCIA

La resolución judicial nace a raíz de un episodio de violencia denunciado en la comisaría de Sagitario, en Santiago de Surco, el 1 de diciembre de 2023. Aquel día, Ann Aranibar Osorio informó a la Policía Nacional de que era víctima de violencia física y psicológica por parte de su hermano Juan Pablo y su esposa.

Aranibar relató que en la cochera de su casa se encontró con un vehículo de una persona que fue a entregarle unos documentos. Fue allí cuando Juan Pablo Aranibar llegó a su departamento a tocar las ventanas de forma escandalosa y gritando a que muevan el carro. Ella iba a acceder al pedido de su hermano, pero este le dijo que esperara un momento a su esposa. Es ahí que habría comenzado la agresión, según la denuncia.

«Al minuto salió su cuñada propinándole un golpe con su rodilla a la altura de sus costillas lado izquierdo, después jalándole de los cabellos, cayendo al suelo, para luego pararse siguiendo las agresiones, por lo que su hermano se acercó con intención de que su esposa la siga agrediendo, para luego dirigirse a la comisaría, quedando su cuñada en su domicilio y que los hechos se dieron en presencia de mi menor hijo», indicó en un parte policial al que Latina Noticias accedió.

Producto de esta situación es que Ann Aranibar fue trasladada al Instituto de Medicina Legal, donde le realizaron pericias que concluyeron que presentaba signos de lesiones corporales traumáticas recientes.

Ese día, además, la esposa de Aranibar presentó una denuncia contra su cuñada.

Entre otros, el documento indica que Ann Aranibar tenía «1 tumefacción irregular en la región occipital derecha, 1 equimosis rojiza en el hombro, así como golpes en la rodilla; y múltiples excoriaciones rojizas irregulares en el brazo, ocasionado «por uña humana».

Latina Noticias buscó al funcionario, quien es el actual director de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, pero el área de Prensa de la institución no brindó información sobre nuestra solicitud de entrevista.

DESIGNACIÓN BAJO ESCRUTINIO DE LA MINISTRA DE VIVIENDA

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, se encuentra bajo escrutinio después de haber asignado un alto cargo en su sector a Juan Pablo Aranibar Osorio, quien ha sido señalado en múltiples denuncias por agresiones físicas y psicológicas hacia su pareja.

Juan Pablo Aranibar Osorio fue nombrado Director de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda el 10 de enero de 2023. Poco después de su nombramiento, surgieron a la luz pública registros de denuncias policiales en su contra, que datan desde el 19 de enero de 2018, con acusaciones que incluyen violencia psicológica y física extremadamente violenta, como arrastres, jalones de cabello, arañazos, moretones, y hasta intentos de ahorcamiento.

Estos actos fueron documentados y denunciados inicialmente en la comisaría de Chacarilla del Estanque, en el distrito de Santiago de Surco. Además, el 7 de julio de 2019, Aranibar fue nuevamente denunciado por su esposa, quien reportó haber recibido golpes en el rostro y sufrido constantes insultos, hostigamiento y amenazas.

En respuesta a estas denuncias, la ministra Pérez de Cuéllar indicó que ya estaba al tanto de la situación y que se han iniciado las investigaciones pertinentes. “Sí tengo esa información. Ya se están haciendo las investigaciones del caso. También se le ha pedido los descargos al señor Aranibar”, explicó la ministra, asegurando que se tomarán las medidas necesarias en función de los resultados de la investigación.

“[Evaluar su salida] Por supuesto que sí. Es importante que haya el derecho a la persona a ofrecer su descargo y derecho a la investigación. En función a lo que resulte se le retirará la confianza. Eso ténganlo por seguro. No vamos a mantener a ninguna persona que tenga una inconducta, ya sea como trabajador o funcionario, obviamente en el seno personal”, agregó la ministra.

Este caso ha provocado una oleada de críticas y ha puesto en duda las políticas de selección y evaluación de candidatos a cargos públicos, subrayando la necesidad de procesos más rigurosos y transparentes que aseguren la idoneidad y la integridad de los funcionarios en posiciones de poder.

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