Nicanor Boluarte: los argumentos fiscales detrás del allanamiento y cuál sería el rol de Santiváñez
El Ministerio Público realizó la madrugada del miércoles un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en San Borja. La diligencia, que comenzó cerca de las 5:20 a. m., fue parte del operativo Ícaro y contó con la participación de fiscales anticorrupción acompañados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El procedimiento forma parte de una investigación que vincula a Boluarte con presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, entre ellos el presunto favorecimiento irregular a la mina El Dorado. Según la Fiscalía, se le atribuyen cuatro posibles delitos: cobros indebidos para asegurar ascensos de generales, manipulación de procesos en la Defensoría del Policía, apoyo ilícito a empresas mineras y encubrimiento de pruebas.
FUNDAMENTOS DE LA FISCALÍA
El Ministerio Público sostiene que existe una presunta red criminal que habría operado desde el Ministerio del Interior. Esta estaría integrada por el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, el abogado Percy Tenorio Gamonal y Nicanor Boluarte.
Uno de los hechos investigados es la supuesta manipulación de los términos de referencia en contrataciones de la Defensoría del Policía. Esto habría permitido que el abogado Tenorio obtuviera contratos por S/200 mil cada uno para defender a cinco generales involucrados en muertes durante las protestas de 2022, pese a que su estudio no cumplía con los requisitos legales.
De acuerdo con el documento, las contrataciones se habrían concretado por órdenes directas de Santiváñez, quien instruyó a funcionarios para adaptar los documentos al perfil de Tenorio. En estas coordinaciones participaron también la administradora del estudio y funcionarios del Ministerio del Interior. Tras reportajes televisivos que revelaban irregularidades, se habrían modificado documentos para ocultar la relación directa con el abogado.
Otro hecho bajo investigación es un presunto esquema de cobros indebidos para mantener a generales en sus cargos. De acuerdo con testimonios, Santiváñez, en coordinación con Tenorio y su operador Marco Palacios, decidía quién seguía en funciones y quién era retirado. A cambio, se habrían exigido pagos de hasta 20 mil dólares.
MINA “EL DORADO”
Según la hipótesis fiscal, entre 2024 y 2025 se habría impulsado un operativo irregular para recuperar terrenos mineros en Ayacucho, a favor del empresario Franco Parodi. A cambio, se exigieron pagos iniciales de 60 mil dólares y luego un monto mayor de 100 mil dólares. Parte del acuerdo también incluía asegurar “arraigos laborales” para Nicanor Boluarte, con el fin de evitar medidas como la prisión preventiva.
La investigación indica que Boluarte acudió varias veces al estudio jurídico de Tenorio, donde presuntamente se coordinaban contratos ficticios que lo presentarían como consultor de la minera. Estas visitas están registradas en los ingresos del edificio y formarían parte de un intento por crear vínculos laborales simulados.
ENCUBRIMIENTO Y MÁS ALLANAMIENTOS
Un cuarto hecho señalado por la Fiscalía implica el presunto encubrimiento de pruebas. Santiváñez habría utilizado las oficinas de Tenorio para ocultar computadoras, cajas fuertes y expedientes vinculados con la red. Parte de estos bienes fueron trasladados antes de los allanamientos, con la intención de impedir su incautación.
En simultáneo, otro grupo de fiscales intervino una oficina en el centro empresarial de San Isidro vinculada a Percy Tenorio, considerado cercano al actual ministro de Justicia. Según la Fiscalía, ese espacio habría sido utilizado para esconder información relevante en otras investigaciones.
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, llegó a la vivienda de San Borja y calificó el allanamiento como un “abuso”. Negó cualquier relación de su defendido con la mina El Dorado, Santiváñez o Percy Tenorio. Pese a ello, destacó que Boluarte colaboró con las autoridades y mantuvo una actitud tranquila durante la intervención.